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El Poder Ejecutivo accedió ayer a los pedidos de ampliación de extradición activa del expresidente Alberto Fujimori y de su hermano Pedro Fujimori Inomoto, los cuales serán tramitados ante el gobierno de Chile y Estados Unidos, respectivamente.
Esto significa que ambos tendrán que ejercer su defensa ante la justicia norteamericana y chilena antes de un eventual proceso por diversos nuevos delitos en el Perú.
Mientras que el exjefe de Estado afrontaría un proceso judicial por delitos contra la administración pública y homicidio calificado, a Pedro Fujimori le corresponde el delito de peculado agravado impropio.
RESPONSABILIDAD. Una de las solicitudes, contra Alberto Fujimori, fue formulada por el Tercer Juzgado Penal de la Sala Penal Nacional, que indica que el expresidente podrá ser procesado por presunto homicidio calificado en contra de seis personas: el estudiante Jhon Calderón Ríos, los agricultores Toribio Ortiz Aponte, Felando Castillo Manrique y Pedro Agüero Rivera, así como el profesor Ernesto Arias Velásquez y el chofer César Rodríguez.
El documento apunta que Fujimori habría sido responsable de la matanza que se produjo el 29 de enero de 1992, cuando el grupo “Colina” los ejecutó extrajudicialmente.
EL OTRO FUJIMORI. Sobre Pedro Fujimori, el Ejecutivo accedió a la solicitud para su extradición activa, formulada por la Segunda Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.
Como se recuerda, el 25 de febrero del 2004 Pedro Fujimori abandonó el país con dirección a Estados Unidos.
Desde entonces, la justicia peruana sigue en su contra un proceso de extradición, luego de haber sido declarado reo contumaz.
A Pedro Fujimori, además, se le suspendió la prescripción de los delitos que se le atribuyen.
Pero ahora, el Ejecutivo acaba de aprobar en dicha resolución solicitar a Estados Unidos la ampliación del pedido de su extradición.
Al renunciar al cargo, el exministro de Justicia Gustavo Adrianzén destacó ambas solicitudes como parte de la lucha contra la corrupción del gobierno de Humala.
RÚBRICAS. Las resoluciones llevan la firma del presidente Humala, del exministro de Justicia Gustavo Adrianzén y de la canciller Ana Sánchez.