La firma Norberto Odebrecht viene retirando del territorio nacional maquinaria pesada, equipos de ingeniería y otros bienes rumbo a Brasil, confirmó anoche el representante de esa entidad en el Perú, Mauricio Cruz López, ante la comisión “Lava Jato”.
El nuevo director de Odebrecht (Latinvest) fue ásperamente interrogado por los integrantes del grupo parlamentario.
Pese a ello, mantuvo imperturbable una fría cortesía, con respuestas telegráficas, algunas de ellas elusivas.
En algún momento, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde afirmó con ironía que el tópico del Congreso podría hacer algo con la “falta de memoria” del director de Odebrecht.
García Belaunde refirió que autoridades del Cusco le comunicaron que la firma brasileña estaba trasladando maquinaria pesada a Madre de Dios y cruzando la frontera con Brasil, por lo que preguntó al ejecutivo el costo y cantidad de tales equipos.
Cruz respondió: “Yo no tengo el valor de la maquinaria que se está desmovilizando”.
Las máquinas son parte de los equipos trasladados para el proyecto Gasoducto del Sur. Odebrecht canceló su participación en el mismo.
El representante de Odebrecht también confirmó que la empresa vendió el proyecto de irrigación Olmos, en el norte del Perú; así como Chavimochic y el 57% de Rutas de Lima (155 kilómetros de vía en Lima Metropolitana). El restante 25% está a la venta.
Mauricio Mulder (APRA), Víctor Andrés García Belaunde y Héctor Becerril (Fuerza Popular) propusieron evaluar una posible acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por presunta obstrucción de las investigaciones parlamentarias.
Gino Costa (oficialismo) mostró su desacuerdo al referirse a una “innecesaria confrontación entre el Congreso y el Ministerio Público”.
INICIATIVA. Otro dato interesante fue revelado por Mauricio Cruz. Dijo que el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público se dio a iniciativa de la empresa brasileña implicada en casos de corrupción en el Perú.
“La empresa buscó al Ministerio Público para demostrar la intención de colaborar con la justicia y a partir de ahí entró en un proceso de colaboración que está bajo confidencialidad. A partir de ese momento, las acciones que hubo no las puedo explicar”, dijo el empresario, quien precisó que no tiene copia del documento y que el acuerdo se llevó en forma paralela con un grupo de abogados de la compañía.
Como se recuerda, el acuerdo contempló el pago de S/30 millones al Estado como adelanto por las coimas de $29 millones que Odebrecht reconoció haber pagado en el Perú entre 2004 y 2015.