“En el caso Tía María, la confianza en Southern está fracturada”

Jenik Radon, destacado mediador político y profesor de la Universidad de Columbia (Nueva York), estuvo en el Perú hace poco más de tres meses para echar un vistazo al polémico proyecto Tía María. Si bien no llegó a través del Gobierno, Radon -y su equipo de alumnos del School of International Public Affairs de Columbia- dejó un informe con un análisis de lo acontecido en el citado proyecto minero en Arequipa y una serie de recomendaciones. Ahora regresa a nuestro país por dos motivos: para las Reuniones Anuales de la Junta de Gobernadores del Grupo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional del año 2015; y para continuar con su análisis sobre Tía María.

“No solo asegurar que las empresas tengan los necesarios derechos legales para el desarrollo de la extracción, sino también honrar su compromiso con la comunidad en donde operan”. Según Radon, el éxito de un proyecto minero gira en torno a esa frase.

¿Qué engloba una licencia social, un término que usted utiliza para analizar Tía María? 

La licencia social es la aceptación de parte de la comunidad hacia la empresa, en este caso hacia Southern Perú. La industria extractiva, ya sea petróleo o minería, ostenta el mismo problema: trabaja dentro de una comunidad. La minería, en especial, siempre está muy presente. Siempre habrá contaminación, disturbios, camiones… La licencia social significa que la comunidad acepta vivir con todo esto. Algunos tendrán empleo, ellos estarán contentos. Sin embargo, otros no lo estarán.

¿Qué es lo fundamental para entender a la comunidad donde opera una minera?

Los antropólogos, en el caso del Perú, son indispensables para comprender la manera de pensar y de actuar de las personas. Es una pieza fundamental del equipo. Es muy importante que el estudio social en la empresa lo esté haciendo un antropólogo y no un ingeniero. En el caso de Tía María, la confianza en Southern Perú de parte de las comunidades está muy fracturada.

¿Cómo se puede reconstruir un lazo de confianza? 

Esa es la pregunta más difícil. Es necesario encontrar tierra común, es decir, algo en común que ate a ambos grupos que se enfrentan.

Por medios legales y de instituciones, ¿hubiese existido alguna manera de prevenir lo ocurrido en Tía María? Las leyes no pueden ordenar buenas relaciones. Sin embargo, sí pueden trazar el camino hacia un mejor entendimiento.

¿En qué erraron Southern Perú y el Gobierno?

Uno puede gastar mucho dinero en ingenieros, abogados, logística y banca. Pero no gastaron en construir una relación. Esa es una compilación de todos esos factores. Yo creo firmemente en la antropología y en las emociones de las personas, en la empatía. Por lo menos se necesita un año y medio antes de que se comience a lucrar del proyecto para asegurar la confianza.

En pocos días usted regresará al Perú para analizar nuevamente el caso de Tía María. ¿Qué será distinto esta vez? 

La primera vez nos concentramos en la licencia social y en construir una base. Estudiamos la economía, la base social y la ley. Ahora vamos a tomar la licencia social en cuanto a ciertas comunidades para obtener respuestas más específicas. Queremos profundizar más y dar recomendaciones, pero esto tiene que ser hecho con la gente local.

¿Considera que el Perú tiene muchas leyes? ¿Eso nos puede jugar en contra? 

Sí, se pueden crear baches legales. La implementación de las leyes es más crítica que las leyes en sí. Eso es una obligación del Gobierno.

Conga y Tía María ya son dos proyectos paralizados. ¿Cómo nos van a percibir los inversionistas? 

Son dos proyectos muy significativos y sí juegan un rol creciente; sin embargo, si los inversionistas ven una oportunidad, van a entrar. El tema es que tienes diferentes tipos de inversionistas: los que tienen una reputación buena y los que no la tienen. Ahora, no van a entrar los inversionistas de clase A. Entonces, los que entran toman un riesgo y quieren más a cambio. No tienen las capacidades adecuadas y cortan caminos.