Estado peruano bajo amenaza por deuda de Reforma Agraria

Una millonaria demanda podría recaer contra el Estado peruano si no cancela los denominados bonos agrarios. El fondo de inversión Grammercy, de origen estadounidense, exigió ayer que el Perú le pague $5100 millones por los bonos agrarios que compró a quienes el gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado les expropió sus tierras en 1969, en aquel penoso proceso que se denominó la Reforma Agraria.

En medio de esta amenaza de demanda, la Fiscalía ha detectado una falsificación en una de las resoluciones del Tribunal Constitucional (TC) sobre los bonos agrarios.

“Estuvimos buscando una resolución consensual con las autoridades peruanas, pero nos dijeron a quemarropa: ‘No nos importa”, afirmó el vocero de Grammercy, James Taylor, a AFP desde Estados Unidos para explicar la razón de la demanda.

LARGO PROCESO. Los bonos agrarios se emitieron en la década de 1970 para compensar a aquellas personas a quienes se les expropió sus tierras. Un aproximado de 500 acreedores serían los dueños de esos bonos. Entre ellos figura Grammercy, la cual los compró hace una década.

Ya que la empresa de fondo de inversiones no está de acuerdo con el monto que el Estado peruano calcula pagarle por los bonos, evalúa acudir al Investor State Dispute Settlement (ISDS), mecanismo de solución de controversias internacional.

Cabe recordar que en 2006 el Congreso de la República calculó que, a la fecha en que los terrenos fueron expropiados, tenían un valor de 2500 millones de soles.

CUESTIONAMIENTO. Taylor también cuestionó el rol del Tribunal Constitucional (TC) en el proceso de cancelación de los bonos. “El uso ilegal del Tribunal Constitucional del Perú para privar a los tenedores de bonos más altos de la compensación a la que tienen derecho es chocante”, afirmó.

Cabe recordar además que algunos acreedores denunciaron en 2013 que el Gobierno presionó para que el TC sustituya la resolución que ordenaba que les paguen por otra que permitía que el pago sea escalonado.

“Es inaceptable que se difiera el pago, porque cuando ello finalice, muchos acreedores estarán muertos”, manifestó por su parte el vocero de los bonistas en el Perú, Carlos Anderson, a AFP.

Por su parte, el ministro de Economía, Alonso Segura, consultado sobre el tema, rechazó que el Gobierno se niegue a pagar los bonos de los 500 acreedores.

El problema que atraviesan los bonistas desde hace 40 años volvió a la palestra luego de que denunciaran que se les negó realizar una marcha pacífica en San Borja, donde se realizó la Junta de Gobernadores del FMI y el Banco Mundial.

¿ARREGLADO?. Entre tanto, uno de los afectados, Augusto Pretel Rada (75), denunció sentirse estafado por el gobierno de Ollanta Humala, pues dijo que en su lucha por conseguir que le paguen los bonos agrarios por las 1626 hectáreas que le expropiaron a su familia en la región Áncash, se percató de que la sentencia del TC que ordena que el pago de la deuda se haga en dólares habría sido “manipulada”.

“He luchado por que se me pague el dinero de los bonos agrarios y me encuentro con esta sorpresa. La resolución tenía una serie de enmendaduras que yo mismo denuncié ante la Fiscalía y me encuentro con la sorpresa de que se borraron firmas y se cambiaron varios enunciados. El pago se debió hacer de acuerdo al precio del mercado y este fallo lo que hizo fue licuar mi deuda”, dijo.

Denunció que ahora, con la resolución, el Estado deberá pagarle solo S/.0.30 por hectárea.

AFECTADOS. La acusación fue recogida por el asesor de la Alianza para el Pago Justo de los Bonos Agrarios, Carlos Anderson, quien manifestó a Correo que antes de que salga el fallo del TC se habrían dado algunos hechos que podrían generar suspicacias sobre una supuesta intromisión del Ejecutivo para cambiar la modalidad de cancelación.

“Todo se dio días antes de que se cambien a los integrantes del TC. El martes 9 de julio (de 2013), el presidente Ollanta Humala declaró públicamente que el tribunal debía abstenerse de dar fallos sobre temas sensibles, como por ejemplo la Reforma Agraria. Esto porque el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, no quería que el pago se haga de acuerdo al precio del mercado”, señaló Anderson.

En esa línea, relató que el proyecto inicial de la sentencia, elaborado por Gerardo Eto, establecía que el cálculo se haga de acuerdo con el Índice del Precio al Consumidor (IPC), con lo que correspondía un pago de hasta $5000 millones.

Dicho proyecto fue circulado, revisado y firmado el 11 de julio de 2013, día en que el presidente del TC, Óscar Urviola, y los magistrados Carlos Mesía Ramírez y Ernesto Álvarez Miranda aprobaron dicho documento.

Sin embargo, según Anderson, este fue cambiado de manera repentina. “Este proyecto fue circulado el 11 de julio. Y ese mismo día, a las 5:21 de la tarde, el señor Eduardo Roy Gates visita el TC fuera de horario para reunirse con Óscar Urviola. Ahí, sabemos, le entrega este nuevo proyecto, que se basó en una propuesta del ministro Castilla. Con esto, el cálculo ya no fue con el IPC sino utilizando la técnica de la dolarización, lo que redujo sustancialmente los pagos”, denunció.

Añadió que el proyecto fue aprobado el 16 de julio de 2013, un día antes de que los miembros del TC sean cambiados. “Como tenían poco tiempo, falsificaron las firmas y adulteraron el documento. Exigimos que se dé una nueva sentencia de acuerdo a ley, porque los bonistas no merecen ser estafados de esta manera”, concluyó.

Justicia. Los constitucionalistas Enrique Bernales y Aníbal Quiroga han brindado apoyo a la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria del Perú (ABDA) con el fin de que el Estado no les reduzca el pago de sus bonos.