Fiscalía investiga a César Álvarez por lavado de activos

La Fiscalía reabrió la investigación al expresidente del gobierno regional de Áncash César Álvarez y a 56 de sus colaboradores por lavado de activos, la cual estuvo 20 meses paralizada en el Ministerio Público.

La mafia está integrada por funcionarios del Gobierno Regional de Áncash, entre ellos el exalcalde de Chimbote Luis Arroyo Rojas.

La Procuraduría de Lavado de Activos sospecha que César Álvarez utilizó a 30 testaferros para comprar igual número de casas y vehículos con el propósito de ocultar el origen ilícito del dinero, y no descarta la existencia de más propiedades.

El caso de César Álvarez estuvo a punto de perderse en olvido, luego de que dos fiscales provinciales se inclinaran por su archivamiento hasta en tres oportunidades en el 2012 y 2013.

Ninguno de ellos realizó las diligencias pertinentes para identificar a plenitud la responsabilidad penal de los imputados.

Sin embargo, la Segunda Fiscalía Superior de Lavado de Activos, a cargo de Yanet Roller, declaró “fundado” un recurso de queja interpuesto el 11 de junio de 2013 por la procuradora Julia Príncipe.

La intervención de la Procuraduría de Lavado de Activos, según magistrados que conocen del caso de César Álvarez, fue decisiva en el giro experimentado en este caso.

REVESES. La red montada por el encarcelado expresidente regional César Álvarez pudo haberse librado de una rigurosa pesquisa.

El accionar de los fiscales que optaron por el archivamiento ocasionó que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abra procesos disciplinarios en su contra.

El primer archivamiento del caso César Álvarez ocurrió el 25 de mayo de 2012. La responsable de la decisión fue Silvia Paredes Goicochea, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Huaraz.

Los argumentos de Paredes se basaron en que no era posible realizar una pericia contable “por falta de peritos”.

Fue entonces que Príncipe apeló la decisión y consiguió que una Fiscalía Superior de Áncash ordene la ejecución de los peritajes contables y el levantamiento del secreto bancario, bursátil y tributario de los implicados.

Ocho meses después, el titular de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huaraz, José Pagaza Guerra, señaló que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, y ordenó su segundo archivamiento.

No existían elementos de convicción ni actos irregulares, a juicio de Pagaza Guerra.

Dijo que las transferencias de propiedades de los demandados se realizaron fuera del periodo en que César Álvarez se mantuvo en el poder.

Pese a que la Fiscalía Superior exigió un nuevo pronunciamiento a pedido de Príncipe, el 30 de mayo de 2013 el fiscal provincial nuevamente se negó a investigar el caso César Álvarez.

ARCHIVO SUPREMO. Durante ese periodo, los titulares del Ministerio Público fueron José Peláez Bardales y Carlos Ramos Heredia.

La procuradora Julia Príncipe envió a ambos fiscales numerosos documentos que sustentaban la investigación contra César Álvarez por actos de incremento patrimonial oculto, pero no obtuvo respuesta.

Príncipe denunció, en octubre de 2014, una serie de irregularidades al interior del Ministerio Público y se sumó a quienes consideraron que Ramos Heredia debía ser expectorado de la institución.

Ramos Heredia se negó entonces a responder a un oficio de urgencia remitido el 15 de mayo de 2014 proveniente de la Procuraduría. Lo mismo sucedió con Peláez Bardales.

El 10 de abril de 2014, Príncipe le recordó su promesa a Peláez, quien hizo un mea culpa frente a los ciudadanos ancashinos, admitiendo que su institución le había dado la espalda a la ciudad frente a los actos de corrupción de la red de César Álvarez.

Hoy, 19 meses después, la queja de derecho de la Procuraduría -interpuesta el 11 de junio de 2013- es acogida por la Fiscalía.