Gobierno y trabajadores de La Oroya instalarán comité de alto nivel

Ante el inicio de una huelga indefinida de los trabajadores de Doe Run y los pobladores de la provincia de Yauli - La Oroya (Junín), que dejó un muerto y 60 heridos, las autoridades del Gobierno y los dirigentes sindicales del Complejo Metalúrgico La Oroya y la mina Cobriza acordaron ayer instalar un comité técnico de alto nivel para impedir la liquidación de la refinería.

El acta de concertación se firmó luego de que la ministra de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, encabezara una reunión de casi seis horas con los representantes de los empleados de la empresa, el alcalde de Yauli - La Oroya, Carlos Arredondo; el gobernador regional, Ángel Unchupaico; y representantes de los ministerios del Ambiente y de Trabajo.

En el documento se establece que el comité de alto nivel estará conformado por representantes de los ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Trabajo, así como del gobierno regional, el municipio provincial y de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Al finalizar la cita, la titular del sector informó en conferencia de prensa que el pliego de acuerdos será llevado por los dirigentes a la zona de conflicto, a fin de que se levante la medida de fuerza, que ha paralizado el tránsito por la Carretera Central desde el último martes.

“Quiero invocar a la población porque las medidas de fuerza no llevan a ninguna solución, eso no tiene ni da resultados. Las medidas de reclamo son válidas en tanto se respete la ley. (…) A partir de mañana vamos a buscar ese resultado (de impedir la liquidación)”, manifestó.

A su turno, el dirigente sindical Luis Castilla aclaró que en el documento suscrito no se comprometieron a levantar la paralización, sino que asumieron la responsabilidad de trasladar los puntos del acuerdo para que sean discutidos y aprobados durante una asamblea en La Oroya, la que al cierre de esta edición todavía no culminaba.

Más tarde, el presidente Ollanta Humala resaltó el compromiso de garantizar los puestos de trabajo de los 2400 pobladores que podrían perder su empleo si la venta de la refinería continúa sin prosperar, y no descartó que el proceso de licitación internacional sea ampliado más allá del 24 de agosto.

“Estamos buscando soluciones que sean compatibles con el trabajo de estos trabajadores. Tengo que criticar la forma como se han llevado estos procesos, que al final terminan desiertos porque lo que necesitamos nosotros es darle tranquilidad a la población, para lo cual probablemente sea necesario ampliar el plazo concursal”, expresó.

ARBITRAJE. Por la mañana, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, aseguró que los estándares ambientales (de 80 microgramos por metro cúbico de emisión de polvo y metales) que se piden a los postores de la refinería son los correctos y no pueden ser flexibilizados porque forman parte de un arbitraje internacional.

“Es un estándar absolutamente razonable. El (estándar) del 2001 no se puede mover por el tema del arbitraje y porque al Estado le corresponde proteger la salud de las personas”, explicó en RPP.

Añadió que si se cambia el parámetro, el proceso arbitral que interpuso el Grupo Renco (propietario de la metalurgia) por el cierre de operaciones se perdería, lo que le costaría al Estado peruano 500 millones de dólares.

EJÉRCITO. Mientras tanto, el Ministerio del Interior autorizó la intervención del Ejército en la zona hasta el próximo 10 de setiembre para garantizar la tranquilidad mientras dure la medida de fuerza.

De acuerdo con la disposición, publicada en El Peruano, los militares buscarán evitar actos de violencia o algún hecho ilícito mientras duren las movilizaciones de la población.

Sin embargo, el representante del sector afirmó que la presencia de los soldados es solo para apoyar a los agentes de la Policía que están en la zona, quienes tienen a cargo el control del orden interno.

“Con esta resolución ya están autorizadas las Fuerzas Armadas para colaborar, dejando muy en claro que el mando lo mantiene la Policía Nacional (…). Hay que tomar todas las prevenciones del caso, y esta es una medida de precaución si fuese necesaria”, sostuvo.

Aunque algunos consideraron extrema la presencia de las Fuerzas Armadas, Pérez Guadalupe resaltó que “prefiere pecar por exceso que por defecto” a fin de que la situación no se agrave.

Una de las primeras labores de los soldados que arribaron a La Oroya fue colaborar con los efectivos policiales para retirar los vagones del tren que obstaculizaban el pase vehicular a la altura del cruce de Tarma.

Para ello, los policías desplazaron con sus propias manos los carros que cargan el mineral a fin de lograr que puedan pasar los vehículos que se encontraban varados más de 24 horas.

Por su parte, personal del Ministerio de Salud realizó labores de atención a los pasajeros que sufrieron descompensaciones por la altura al permanecer varias horas en esa vía, principalmente ancianos y niños.

Gracias a ello, los camiones que partieron de la sierra central y los departamentos de Pasco y Huánuco avanzaron algunos tramos. Pero no fue suficiente, por lo que los comerciantes optaron por rematar sus productos para evitar que se descompongan, lo que, dijeron, les generaría más pérdidas económicas.

De acuerdo con la Gerencia de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Junín, al menos 7 millones de soles se pierden a diario por el bloqueo de la Carretera Central.

Pese a ello, tras la reunión sostenida con el Ministerio de Energía y Minas, el sector de Transportes, en coordinación con la Policía y la Sutran, redobló sus esfuerzos por ir desbloqueando los puntos que permanecían cerrados. Incluso el viceministro Henry Zaira viajó a la zona de Curipata para supervisar personalmente las labores que se iniciaron en la mañana.

Se prevé que para hoy los protestantes depongan su medida de lucha a fin de que las decenas de vehículos que se encuentran varados a lo largo de 85 kilómetros puedan llegar a sus destinos.

Defensoría del Pueblo pide sanción

La Defensoría del Pueblo instó al Ministerio Público a encontrar a los responsables de la muerte del ingeniero Edward Ademir Soto De la Cruz durante las protestas de los trabajadores de Doe Run.

Además, rechazó que en los operativos de restablecimiento del orden público se utilicen armas de fuego contra los pobladores.

Finalmente, a través de un comunicado, saludó el diálogo iniciado entre el Estado y los sindicalistas a fin de que la solución sea en beneficio de los derechos laborales de los empleados.