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El ministro de Justicia, , sostuvo ayer que las pretensiones de quienes demandaron al Estado peruano “han quedado de lado”, ya que la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), a su juicio, sostiene que los comandos Chavín de Huántar no tuvieron como propósito matar a los terroristas, sino liberar a los rehenes.

“Tan solo por el camarada ‘Tito’ hacen un llamado para que se continúe con las investigaciones (...) hay una responsabilidad parcial”, sostuvo.

Cabe recordar que la Corte IDH indica que no hay ningún elemento que hará responsable al Estado peruano respecto a la muerte de los terroristas Herma Luz Meléndez Cueva y Víctor Salomón Peceros Pedraza

INVESTIGACIÓN.  En otro momento, Adrianzén añadió que tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público vienen realizando investigaciones por la muerte del camarada “Tito”.

Sostuvo que el pasado 24 de noviembre del 2014, la 58 Fiscalía ha expedido una resolución de apertura de investigación del mencionado caso.

“Han citado a Raúl Robles Reynoso y Marcial Torres Arteaga, policías que demandaron al Estado peruano junto al japonés Hidetaka Ogura”, afirmó.

Cabe recordar que las personas mencionadas afirmaron que el delincuente ‘Tito’ fue entregado con vida y que después apareció muerto.

El titular de Justicia añadió que ha dispuesto que se oficie a la embajada del Japón en Perú a fin de que informe si Ogura continúa en funciones diplomáticas.

“Ahora no se investiga a los comandos, sino a ellos (quienes demandaron al Estado)”, señaló.

Es más, según , la Corte IDH ha indicado, con relación al cadáver del terrorista “Tito”, que este no fue ejecutado de manera extrajudicial.

“No hay disparo en la cabeza como aquella película siniestra que nos mostraron, no se trata de una bala sino de dos”, destacó.

Gustavo Adrianzén afirmó que la sentencia no critica a la del fuero militar policial, en la que se archivó de manera definitiva la acusación contra los comandos Chavín de Huántar por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de terroristas.

En otro momento, retó a que aquellos que defendieron a los terroristas ante la Corte IDH a que lo hagan ahora que son investigados.

PAGOS. Al ser consultado por los pagos de costos para la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de $10 mil y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) de $20 mil, Adrianzén afirmó que harán un “análisis” al respecto.

“Si tenemos alguna consulta que hacer recurriremos a la Corte y finalmente se tomará una decisión con relación a ello”, manifestó el ministro.

Declaró que no habrá ningún pago de reparaciones a deudos.