Librados de cualquier responsabilidad en en las obras implicadas en casos de corrupción por parte de empresas brasileñas quedaron el expresidente de la República Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el informe final de la Comisión Lava Jato, cuya reserva fue levantada ayer en el Pleno del Congreso para convertirse en documento público entre los parlamentarios.
Si bien el documento establece responsabilidades en varios grados de expresidentes como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, el grupo presidido por Rosa Bartra decidió no implicar a García Pérez, pese a que el informe —de más de mil páginas— consigna que el expresidente “tuvo al menos una reunión con Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luiz Mameri en Palacio de Gobierno (...); además que se reunió por lo menos 15 veces con Barata también en Palacio”.
En el mismo sentido, el informe Lava Jato recomendó no se procese a García Péres por el Metro de Lima, mientras que sí se consideró acusar a su exministro, Enrique Cornejo, por asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible y colusión agravada, y al exviceministro Jorge Cuba por colusión, cohecho y lavado de dinero.
El grupo liderado por la fujimorista también excluyó a Keiko Fujimori del informe final alegando que esta no fue funcionaria pública, argumento que contradictoriamente no aplicó para Nadine Heredia, su amiga Rocío Calderón y su mamá, Antonia Alarcón, quienes sí fueron incluidas por el caso Gasoducto del Sur.
Las tres mujeres, cabe resaltar, como Fujimori Higuchi, tampoco fueron funcionarias.