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"Como política, yo sé que se tienen que dar todas las facilidades del caso y, sobre todo, porque no tengo nada que esconder. Más bien, es mi voluntad aclarar todo esto (...). No es la primera vez que se me investiga y en otras ocasiones he salido siempre con la verdad (...), y ahora lo voy a hacer de la misma manera".
Con estas palabras, Luciana León, integrante de la Comisión Permanente del Congreso por el APRA, ofreció no obstaculizar la investigación que enfrenta por el caso "Los Intocables Ediles", en el que la sindican como brazo político de dicha organización criminal.
Sin embargo, sus declaraciones y sus acciones parecen ir por vías distintas.
Pedidos
Y es que ayer el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Núñez Julca admitió a trámite el recurso de apelación que su defensa técnica presentó en contra del allanamiento a su vivienda -ejecutada el martes de la semana pasada-, que incluye once demandas.Entre sus planteamientos legales, pide dejar sin efecto todo lo actuado durante el allanamiento del Ministerio Público.
Por ejemplo, la aprista solicita que se deje sin efecto la incautación de todos sus bienes, así como la diligencia en sí y el registro domiciliario ejecutado.
Asimismo, pide que se anule el levantamiento del secreto de sus comunicaciones y la confiscación de sus objetos.
En el documento respectivo, León argumenta que "habría indicios de la comisión de fraude procesal por inducción a error y prevaricato en cuanto a la legalidad de la medida”, específicamente el allanamiento.
Según León, los congresistas "no pueden ser procesados ni ir presos sin previa autorización del Congreso o la Comisión Permanente", y ese permiso no se otorgó.
