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El nombre de ‘Miki’ Torres ha sonado para presidir la Comisión de Constitución, si es que Fuerza Popular logra hacerse de ella. El parlamentario expone sus consideraciones al respecto y aborda el tema del IGV, un punto de discrepancia entre el fujimorismo y el oficialismo.
Está voceado para presidir la Comisión de Constitución, ¿por qué le interesaría esta en particular?
En la Comisión de Constitución, me gustaría participar por mi formación jurídica. Sin embargo, las presidencias se van a ver de aquí a algunos días más y entiendo que cada comisión va a elegir a su presidente. El tema de estar voceado no tiene nada de definitivo.
¿Cómo abordaría una reforma electoral?
Es necesaria una reforma a la ley de partidos políticos y ley electoral. Se debe tener una legislación bastante más clara.
¿Eliminaría el voto preferencial?
En lo personal, a mí no me gusta el voto preferencial. Me gustaría más que haya elecciones internas y que desaparezca este voto preferencial. Sin embargo, creo que lo que necesitamos es escuchar las distintas posiciones.
¿Impulsaría la ley de transfuguismo?
Tenemos que analizarla. Sé que hubo iniciativa en Congresos anteriores y hay varios congresistas que están viendo la oportunidad de analizar esta norma. No adelanto una posición porque no me he empapado del tema.
¿Qué haría con el asunto de las dádivas?
Hay que regular el tema de los aportes y de las dádivas. Soy de la opinión de que hay que hacer un análisis completo de la normatividad. No excluiría un solo artículo. Es necesario convocar a los partidos políticos, estén o no en el Congreso, y sacar una norma clara que permita desarrollar la institucionalidad de los partidos.
Usted está trabajando en un proyecto sobre el IGV, ¿es una suerte de contrapropuesta a la reducción de 1% del impuesto planteada por el Ejecutivo?
Vengo desarrollando un proyecto de ley, llamado IGV justo, que voy a someter primero a mi bancada, como corresponde, y luego al Congreso. No necesariamente colisiona con lo expuesto por el Gobierno.
¿En qué consiste?
El IGV justo consiste en permitir a las pequeñas y microempresas pagar el IGV no en el momento de emitir la factura, sino en el momento de cobrarla. Lo que pasa es que el pequeño o microempresario a veces le vende a una gran empresa, pero esta tiene políticas de pago a 90 o 120 días. Sin embargo, el pequeño o microempresario tiene que pagarle inmediatamente a la Sunat. Ahí empiezan los problemas. Lo que hace la microempresa es tratar de escabullirse de la Sunat o solicitar créditos (con intereses) elevadísimos. Hemos hecho una investigación y en Chile ya existe un sistema similar. Allá dan un plazo de 60 días para cancelar el impuesto. Eso le daría mucho oxígeno a nuestras pequeñas y microempresas. Además, como dije, es un tema que es independiente de la propuesta del Gobierno.
¿Darán facultad legislativa para reducir el IGV?
En lo personal, yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, es un punto que vamos a analizar en bancada y vamos a tomar una decisión como grupo.
¿Por qué no cree que funcione?
El bajar un punto porcentual al IGV, en mi opinión personal, no va a generar un gran impacto. La razón es que gran cantidad de productos de la canasta básica ya se encuentran exonerados del IGV. Lo segundo es que dudo que las empresas vayan a trasladar esa reducción del IGV a los consumidores finales. Es como lo que pasó con el petróleo: se desplomó el precio, pero la rebaja jamás llegaba a los consumidores finales.
