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La Fiscalía Anticorrupción tiene planeado solicitar a la empresa OAS copias fedateadas del “Libro Blanco” de la iniciativa privada del proyecto Vía Parque Rímac y buscar el testimonio de Roberto Trombeta, el hombre clave del caso por el que viene siendo investigada la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien habría favorecido de forma ilícita a dicha empresa brasilera.
Correo informó el viernes último la reactivación de las pesquisas -archivadas en 2015, que responden al hallazgo de nuevos elementos que evidenciarían que durante la gestión Villarán se permitió de forma irregular la extensión de 30 a 40 años la concesión de la obra a favor de la constructora a través de una adenda.
Como parte de las diligencias que figuran en la disposición fiscal, se recabaránlos testimonios de Villarán y del alcalde de Lima Luis Castañeda. Este último declarará en calidad de testigo.
LAS DUDAS. Villarán tendría que explicar por qué la municipalidad de Lima, entonces a cargo de Villarán, autorizó a OAS a iniciar el cobro de peajes cuando todavía no se terminaba de ejecutar el 70% de la inversión prometida, como figuraba en el contrato.
Dos años más tarde, cuando Castañeda la sucedió en el cargo, en octubre del 2015 se suscribió una segunda adenda al contrato, que no desnaturalizaba la primera, pero desaparecía el fideicomiso para la ejecución del bypass de 28 de Julio.
La Fiscalía tiene planeado pedir también, vía cooperación internacional, la versión de Roberto Trombeta, el contador que se acogió a la delación premiada ante la fiscalía brasileña.
Trombeta ha revelado el desvío de fondos de OAS en Perú, Ecuador y Guatemala, y dijo que en el caso del Perú, el dinero fue retirado del proyecto Línea Amarilla.
SUENA TROMBETA. En el documento se lee que la Fiscalía rescata, a pedido de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato”, varias de las conclusiones a las que llega la comisión dirigida por el excongresista Juan Pari, a cargo de descifrar el modus operandi de las empresas brasileras que hicieron negocios ilícitos con el país.
El 13 de febrero del 2013 fue que se firmó la primera adenda que amplía la concesión por 10 años más, la misma que pone contra las cuerdas a Villarán y al exgerente de ProInversión Domingo Arzubialde por corrupción.
De acuerdo con la versión de Trombeta, un día antes de esa firma, el 12 de febrero de ese año, terminan de llegar a la cuenta de Kingsfield Consulting Corp 6 millones y 150 mil dólares que habrían sido desviados, a través de contratos ficticios en la ejecución del proyecto Vía Parque Rímac, para pagar las “coimas”.
Cabe mencionar que Trombeta, a través de documentación fidedigna, explicó a las autoridades el esquema utilizado para concretar el desvío de fondos.
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