Para fiscal, Álvarez financió "Centralita"

Durante la audiencia celebrada el viernes último en Chimbote, que se prolongó por casi tres horas, el Poder Judicial determinó que el investigado presidente regional de Áncash, César Álvarez, quede inhabilitado para salir del país por un periodo de cuatro meses.

Sin embargo, un dato clave no pasó desapercibido en la audiencia, en la que las partes sustentaron sus posiciones.

Y es que uno de los fundamentos de peso, según el fiscal anticorrupción Laureano Añanca Chumbe, quien sustentó personalmente el pedido, fue que la "Centralita" es una organización financiada con el dinero ilícito que provenía de la gestión a cargo de Álvarez.

En efecto, Añanca Chumbe señaló que hay suficientes indicios para presumir que esta organización, denominada la "Centralita" -que servía para actividades de interceptación telefónica y de "compra" de periodistas- era financiada por el dinero de los diezmos y coimas de las adjudicaciones de las obras por parte del Gobierno Regional de Áncash (GRA).

era el líder. Según el fiscal Añanca, dicha "organización soterrada" respondía a un aparato "jerarquizado" donde cada miembro cumplía roles específicos.

"César Álvarez es el supuesto líder de la organización. Y su asesor, Jorge Burgos, el cajero, quien era el encargado de pagar S/.5 mil mensuales a los periodistas (...) que a través de sus programas levantaran la imagen de su líder (Álvarez) y demuelan a sus enemigos políticos", enfatizó.

El fiscal se refería nada menos que a los periodistas Nelson Vásquez Baca, Juan Espinoza Linares, Rosa Olivares De La Cruz, y Zandor Renilla Horna, quien se ausentó durante la audiencia.

Todos ellos quedaron impedidos de salir del país y su situación legal es, por decir lo menos, comprometedora.

La decisión final la tomó el juez Richard Concepción Carhuancho, del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, debido a la existencia de "pruebas suficientes".

El magistrado especializado en delitos de corrupción precisó que los acusados afrontan un proceso de investigación por los delitos de asociación ilícita para delinquir y peculado de utilización.

César Álvarez, no obstante, solo es procesado por el primer delito.

LOS fundamentos. El fiscal Añanca Chumbe aclaró además que todo lo dicho se encuentra sustentado con las declaraciones de dos personas que tenían pleno conocimiento del modus operandi dentro de la "Centralita". Ellos son Juan Calderón Altamirano, cuya camioneta fue baleada el domingo 6, y José Barrios Ávalos.

"(Ellos) dieron información de primera mano de cómo Jorge Burgos pagaba a los periodistas. Sacaba dinero de un cofre que guardaba en su habitación del segundo piso del edificio donde funcionaba la 'Centralita'", continuó el fiscal.

"Estos datos fueron después contrastados cuando se intervino ese lugar", precisó.

Cabe recordar que Barrios habría revelado la existencia de una lista con más periodistas involucrados que también cobraban dinero por ser afines a la gestión de Álvarez.

Para estos cobros, nunca de les dio boletas ni vouchers que demostrarán el pago de estos servicios.

Un fundamento adicional del pedido fue el resultado del análisis de los contenidos de los programas periodísticos que dirigían los acusados.

El fiscal añadió que la máxima de dicho grupo "soterrado" era "ensalzar la gestión del presidente César Álvarez Aguilar".

el tema de fondo. Al respecto, el congresista de Acción Popular - Frente Amplio (AP-FA), y que encabeza la Comisión Multipartidaria que llevará a cabo las pesquisas por el caso Áncash, Mesías Guevara, se mostró escéptico y dijo que espera constatar, a través de un informe técnico, los fundamentos por los cuales el juez llegó a determinar una retención de cuatro meses para Álvarez.

Asimismo, Guevara dijo que su grupo de trabajo ha formalizado un pedido a la Comisión de Fiscalización del Congreso, presidida por el parlamentario Vicente Zeballos, con la finalidad de obtener el informe archivado durante la legislatura anterior.

"En ese informe vamos a encontrar bastante información y, sobre todo, elementos de juicio cabales sobre el caso 'Centralita'", adelantó.

"También hemos solicitado los actuados al Ministerio Público, al Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y el Ministerio del Interior. Se trata de una investigación bastante amplia", continuó.

Indicó que el abundante canon minero que recibe la región es una de las razones que propician desenlaces como los ocurridos en Áncash.

"El canon minero es un elemento, pero existen más", añadió.

Sobre las citaciones que realizará su grupo de trabajo en la zona, precisó que cuando le toqué el turno a Álvarez, recurrirá a los apremios de la Constitución en caso de que no acuda.

A su turno, el vocero de Perú Posible, José León, aplaudió la decisión del Poder Judicial.

"Esta disposición (impedimento de salida) fortalece y levanta la moral de la lucha contra la corrupción. El país verá con buenos ojos que por fin se esté observando el trabajo en las regiones", enfatizó.

"La demanda nacional es fuerte para que se atiendan las denuncias en Áncash. El Poder Judicial se ha sincronizado esta vez con las exigencias de la ciudadanía", afirmó.