Poder Judicial ordena incautación de las casas de Alejandro Toledo

El Poder Judicial ejecutará hoy la medida de incautación preventiva a la casa del expresidente Alejandro Toledo ubicada en la residencial Camacho, en Lima.

Esta disposición forma parte de las medidas dictadas por el juez del 16 Juzgado Penal de Lima, Abel Concha, a pedido de la fiscal para Casos de Lavado de Activos, Manuela Villar.

Como se recuerda, todas estas diligencias fueron solicitadas por el Ministerio Público cuando se formalizó la investigación preparatoria en contra de Toledo, su esposa Eliane Karp, su suegra Eva Fernenbug (madre de Eliane), su amigo Josef Maiman y otros por el presunto delito de lavado de activos.

Todos ellos han sido acusados de haber integrado una organización que habría lavado dinero de la empresa Ecoteva Consulting Group, con sede en Costa Rica.

Es por tal razón que el magistrado consideró pertinente que todos los inmuebles que formarían la prueba material del lavado de activos sean incautados hasta el término del proceso judicial.

Esto no solo incluye las oficinas de la Torre Omega (incautadas el último martes) y la mansión de Las Casuarinas (incautada ayer), que están a nombre de la ciudadana belga Eva Fernenbug, sino también los bienes inmuebles del expresidente Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp de Toledo.

DINERO DE ECOTEVA. Según fuentes del Ministerio Público, la medida alcanza a la casa de Camacho, pues la mitad del dinero con que se terminó comprando procede de las cuentas de la empresa Ecoteva.

Es importante recordar que para 2012 Karp mantenía una deuda con el Scotiabank tras haber hipotecado su domicilio el 30 de marzo de 2001.

El 24 de octubre de 2012 se realizó una transacción a favor de la referida entidad financiera, cancelando dicha hipoteca. Según información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pago se hizo a través de un cheque de gerencia por la cantidad de $217,007.18. Dicho cheque fue emitido a nombre del abogado David Eskenazi, quien era apoderado de Eva Fernenbug y pagó el crédito hipotecario a nombre de la esposa de Toledo.

Tal como informó Correo, el inmueble de Camacho fue entregado luego en anticipo de legítima a la hija del matrimonio Toledo-Karp, Chantal Toledo Karp. Sin embargo, a fines de 2014 volvieron a ser dueños de la casa de Camacho.

PUNTA SAL. De otro lado, en base a la teoría esgrimida por la Fiscalía, en el sentido de que las propiedades del expresidente Toledo fueron pagadas en parte con dinero de Ecoteva, también se procederá a la incautación de la casa de playa de Punta Sal, en Tumbes.

Ello debido a que la vivienda, ubicada en el lote 2, manzana F, del condominio Punta Sal, a la altura del kilómetro 1190 de la Panamericana Norte, fue comprada -según la UIF- con tres cheques de gerencia desembolsados por la suegra de Toledo y posteriormente fue rematada al mismo expresidente. La diligencia de incautación de la casa de Punta Sal ha sido programada para el próximo fin de semana.

¿Y LOS PASAJES? Sin embargo, fuentes fiscales indicaron a Correo que si bien hoy se procederá con la incautación de la casa de Camacho, no es seguro que se cumpla en el tiempo programado la misma diligencia en el caso de la casa de Punta Sal, en Tumbes.

Y es que pese al esfuerzo que viene desplegando el juez Abel Concha para concretar todas las diligencias de aseguramiento judicial, el Departamento de Logística de la Corte Superior de Lima aún no confirma la compra de los pasajes para los asistentes judiciales que participarán.

“Tengo entendido que todos ya tenemos los pasajes, pero el magistrado y sus asistentes aún no los tienen. Les han dicho que sí se los darán, aunque hasta ahora nada”, indicó.

LAS CASUARINAS. Como se conoce, el Poder Judicial ejecutó ayer la incautación de la mansión de Las Casuarinas, ubicada en las calle Cascajal N°709, en Surco.

Personal de la Policía de Lavado de Activos, junto con el representante del Poder Judicial y de la Fiscalía, ejecutó la incautación de la mansión que compró la suegra de Alejandro Toledo, Eva Fernenbug.

Es sabido que la compra del inmueble dio origen a la investigación judicial que hoy se encuentra en curso y que es conocida como el caso Ecoteva.

El citado inmueble está valorizado en casi 3 millones 700 mil dólares y pasó a manos de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (Conabi). Esa entidad informó que el predio -que estaba deshabitado al momento de la incautación- cuenta con extensos jardines, una amplia cocina, más de cuatro habitaciones, área de servicio y casa de huéspedes.

Cabe indicar que todo lo incautado pasará definitivamente a manos del Estado si se concreta una sentencia en contra de los procesados.

Esto no forma parte de una posible reparación civil, debido a que es considerado presunta “prueba material del delito”.

EMBARGO. Precisamente con el propósito de asegurar una posible reparación civil, el juez Concha comunicó a las entidades financieras y bancarias que le informen sobre cuentas bancarias o pertenencias personales que posean los procesados, a fin de proceder al embargo de dichos bienes.