El desconocimiento sobre el real trabajo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) estaría llevando a algunos candidatos presidenciales a tener una opinión errada sobre esta entidad y plantear eliminarla, afirmó su titular, Lorena Masías.
Según dijo, lamentablemente no se ha valorado aún los beneficios que trae la Ley Universitaria y la necesidad de que exista una institución encargada de garantizar una educación de calidad para los estudiantes.
Además, Masías refirió que muchas falsedades han sido dichas sobre la Ley Universitaria, como que no respeta la autonomía de centros de estudios superiores.
"Pienso que hay mucha desinformación", afirmó en Agenda Política sobre las expresiones de candidatos como Alan García y Pedro Pablo Kuczysnki, quienes han expresado su desacuerdo con el funcionamiento de la Sunedu.
Mesías refirió que el anterior sistema, dirigido por la Asamblea Nacional de Rectores, no garantizaba una educación de calidad en las universidades y, prueba de ello, es que el 48 % de los egresados estaba subempleados, es decir, trabajando en algo distinto a lo que había estudiado.
"La razón de ser de la institución es la calidad, la Sunedu existe para que las universidades funcionen con un mínimo de calidad educativa y no terminen estafando a jóvenes, que después de cinco años no pueden encontrar un trabajo", señaló.
La funcionaria también justificó la salida de los rectores de las universidades públicas que no han cumplido con la elección de nuevas autoridades.
Al respecto, señaló que la Ley Universitaria estableció un nuevo marco legal en la elección de las autoridades al pasar de la elección mediante asamblea al del voto universal.
En ese sentido, anotó que los rectores elegidos bajo el anterior sistema, estarían deslegitimados para seguir ejerciendo su cargo, por lo que deben ser reemplazados por nuevas autoridades, lo cual no implica una afectación a sus derechos.
Según dijo, en la Constitución rige la teoría de los derechos cumplidos, no la de derechos adquiridos, por lo cual no hay obligación de respetar el mandato original de los rectores.