Sustraen elementos incautados en caso Rodolfo Orellana

Una investigación se ha puesto en marcha en las Oficinas de Control Interno de la Fiscalía de la Nación y en una de las Fiscalías Penales Provinciales de Lima, luego de que se denunciara la pérdida de material probatorio en el marco del caso que involucra a Rodolfo Orellana, acusado de liderar una mafia dedicada al lavado de activos.

SE HICIERON HUMO. El 1 de julio de 2014, cuando la fiscal supraprovincial para casos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, Marita Barreto, intervino junto a un grupo de fiscales y policías el búnker del clan Orellana en la sede de la revista Juez Justo, no sabía que manos interesadas querían perjudicar su investigación.

Una diligente fiscal Barreto trataba de registrarlo todo, según los videos que obran en la Fiscalía.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia interpuesta por la propia fiscal Barreto, cuando se realizó nuevamente el conteo y la verificación de lo incautado, faltaba un paquete señalado como “la muestra 7”.

SELLOS Y DÓLARES. ¿Pero qué contenía dicho paquete? Pues había nada menos que mil dólares hallados en el inmueble de la avenida Guardia Civil 835 (San Borja), donde funcionaba la revista dirigida por el empresario Rodolfo Orellana y el coronel PNP (r) Benedicto Jiménez, ambos presos en el penal de Piedras Gordas.

Además, en dicho paquete estaban algunos de los sellos con los cuales la organización falsificaba los documentos notariales.

En dicha “muestra” también se encontraban documentos relacionados a las actividades delictivas realizadas por el clan acusado de lavar dinero a través de la compra y venta de terrenos e inmuebles de manera ilegal. Todos estos elementos constituyen medios de prueba para la investigación.

ACCIÓN INMEDIATA. De acuerdo con el informe que elevó la fiscal Barreto a sus superiores, el 1 de julio de 2014, luego de que se lacraran todos los elementos encontrados en el búnker de Orellana, estos fueron puestos en conocimiento del juez penal nacional, quien ordenó el allanamiento e incautación. Por tal razón, todo el material fue trasladado a la Sala Penal Nacional.

Luego, la propia fiscal, junto a su equipo y al grupo de policías que había participado en la incautación, trasladó las pruebas hasta la sede de las Fiscalías de Lavado de Activos, en el Jr. Miró Quesada N° 360, en el Centro de Lima.

Allí se volvió a realizar un inventario para internar los elementos y dejarlos en custodia. Ya eran las dos de la mañana cuando la fiscal adjunta le dio cuenta a Barreto que faltaba la “muestra 7”, del total de elementos incautados.

Inmediatamente, la fiscal dispuso elaborar un oficio poniendo en conocimiento de este hecho al entonces coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Marcos Guzmán Baca, quien por más de dos meses realizó una auditoría interna investigando cómo se había roto la cadena de custodia.

Todos los fiscales y policías participantes en la incautación fueron interrogados.

NOMBRE. Y es que en ese lapso se descubrió que el nombre de uno de los miembros del equipo policial que había colaborado con la incautación, aparecía en la agenda que fue incautada a Orellana.

Se trataría de un suboficial PNP de apellido “Rivera”, quien aparece en la lista como “Riverita 987429049 DIVILA-DIRINCRI”.

Frente a esta situación, la fiscal Barreto pidió reunirse con el general PNP José Luis Lavalle y el director de la PNP, Jorge Flores Goicochea, a quienes exigió retirar a algunos miembros asignados por el Ministerio del Interior al caso y presentó una lista de policías con los que ya había trabajado en anteriores oportunidades y que gozaban de su confianza.

En las últimas semanas de octubre de 2014, Guzmán Baca emitió un informe en el que dejaba en claro que la sustracción de estas pruebas no se había producido en la Fiscalía.

Con dicho documento en mano, la fiscal Barreto denunció penalmente el hecho ante la Oficina de Control Interno de la Fiscalía de la Nación para que se investigue tanto el irregular hecho como su propia actuación en el proceso de incautación de elementos en el caso Orellana.

Fuentes de la Fiscalía de la Nación confirmaron a Correo que esta indagación se viene realizando en reserva y que el fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez Velarde, ha solicitado un informe completo sobre el tema.