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La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una nueva denuncia constitucional contra dos excongresistas, Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma, así como contra el actual legislador de Unión por el Perú, Edgar Alarcón, por sus presuntos vínculos con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”.
Según informó el Ministerio Público, Edgar Alarcón habría recibido un pago de S/30 mil de manos del exalcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, cuando era contralor general de la República. El objetivo era que levantara la suspensión temporal de operaciones sobre las cuentas corrientes de la Municipalidad de Chiclayo.
Cabe recordar que la semana pasada, Zoraida Ávalos ya había presentado otras dos denuncias constitucionales contra el excongresista Héctor Becerril, también por sus presuntos vínculos con el caso “Los Temerarios del Crimen”.
La fiscal de la Nación, en su acusación contra Alarcón, incluyó a los exparlamentarios Velásquez Quesquén y Marvin Palma.
Ambos habrían intercedido para que Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de la organización criminal, pueda reunirse con Edgar Alarcón cuando era contralor general y así facilitar que se levanten las restricciones en las cuentas de la comuna de Chiclayo.
En abril del 2019, la Fiscalía de la Nación anunció que abría una investigación preliminar contra los dos exlegisladores denunciados, así como contra el exministro Carlos Bruce, y los exparlamentarios César Vásquez Sánchez y Clemente Flores Vílchez. Esto, tras recibir información del fiscal provincial Juan Carracos sobre presuntos vínculos entre todos ellos con la organización “Los Temerarios del Crimen”.
Tres denuncias contra Alarcón
Zoraida Ávalos, también la semana pasada, había presentado otras dos denuncias constitucionales contra Edgar Alarcón, actual presidente de la Comisión de Fiscalización. La primera, por el presunto enriquecimiento ilícito se sustenta en hechos cometidos cuando estuvo al frente de la Contraloría General de la República. En aquel momento, se detectó un presunto desbalance patrimonial ascendente a S/201,337.24.
La segunda denuncia constitucional, por peculado doloso, es por servicios simulados también cuando se desempeñó como contralor y cuyo monto alcanza los S/81,121.73.
