CIDH admite demanda de Maritza Garrido-Lecca

La sentenciada por terrorismo Maritza Garrido-Lecca junto a otros 62 terroristas acaban de asestar un golpe legal contra el Estado peruano.

Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió, en lo que va del año, 63 denuncias interpuestas por sentenciados por terrorismo por presunta afectación y violación a sus derechos humanos.

Garrido-Lecca es una de las principales integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso que cumple una condena de 25 años por integrar el Departamento de Apoyo Organizativo de Sendero Luminoso.

Ella fue detenida el mismo día y en el mismo lugar de la captura de Abimael Guzmán. “¡Lo que quieren es matar al presidente Gonzalo!, gritaba la integrante de Sendero Luminoso junto al cabecilla terrorista en una casa de Surquillo, el 12 de setiembre de 1992.

Garrido-Lecca, una bailarina de danza del Ballet Nacional, no solo alquiló su casa hace 23 años para esconder al cabecilla de Sendero Luminoso, sino que además participó en las reuniones de la cúpula de Sendero y era una de las encargadas de cuidar al cabecilla cuando se escondía en Lima.

están NOTIFICADOS. El documento recibido los primeros días de Marzo por el Estado peruano sostiene que “en la fecha 24 de febrero, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha notificado la Nota s/n de fecha 23 de febrero de 2015”.

“Mediante la cual informa que el pasado 19 de enero la CIDH aprobó el Informe sobre Admisibilidad N° 8/15 de conformidad al artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que acumula 59 peticiones interpuestas en representación de 63 personas procesadas por los delitos de traición a la patria, terrorismo y colaboración con el terrorismo”, añade el documento obtenido por Correo.

LA RESPUESTA. Es precisamente en este documento en el que el nombre de Garrido-Lecca Risco aparece junto a otros senderistas que también tienen sentencia firme.

El documento indica además que el Estado peruano puede optar por una solución amistosa.

En ese caso, debería reconocer de antemano una violación a los derechos de los denunciantes y resarcirlos.

“La CIDH ha otorgado un plazo de cuatro meses a los peticionarios para que presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Adicionalmente, la CIDH, de acuerdo con su reglamento, se ofrece para facilitar un acuerdo de solución amistosa entre las partes y solicita una pronta respuesta a dicho ofrecimiento”, se cita en el documento enviado al Ministerio de Justicia.

¿vulneración? Garrido-Lecca recurrió a la CIDH alegando la restricción a sus derechos fundamentales debido a una supuesta vulneración del plazo de detención que se le impuso.

Cabe recordar que en una demanda ante el Tribunal Constitucional en el 2005, la terrorista alegó encontrarse detenida desde el 12 de setiembre de 1992 y que, tras anularse su sentencia de cadena perpetua impuesta por un tribunal militar, pasaron 11 años y 11 meses sin recibir sentencia en el fuero civil.

“Se han violado sus derechos constitucionales a la libertad y seguridad personales, y las garantías del debido proceso”, alegó.

Al respecto, la exprocuradora supranacional Delia Muñoz consideró que es una “lástima que la CIDH persista en anclarnos en el pasado con problemas que ya hemos resuelto a través de nuevos juzgamientos”.

Remarcó que en esta etapa de inicio de procesos internacionales “los pedidos de reparación suelen ser muy generales porque solo se suelen mencionar someramente; sin embargo, el fin de toda demanda es la compensación moral, social, procesal y económica”.

“El correlato de toda vulneración internacional, de haberla, es la reparación. Y como es de derechos humanos, es ad íntegrum (restitución íntegra inmediata)”, comentó.

Esta denuncia, dijo Muñoz, se sumará como una más de las 130 que la CIDH notificó al Estado peruano en años anteriores.

Ahora, el Estado tiene que mostrar que los hechos alegados o no existieron o carecen de sustento.

mala señal. Sin embargo, el caso de Garrido-Lecca no avizora un buen panorama para el Estado peruano.

Hace menos de una semana, el Perú fue notificado por la CIDH sobre la denuncia que interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el terrorista Luis Williams Pollo Rivera, quien también fue parte del Comité de Apoyo de Sendero y que fue sentenciado por la Corte Suprema a 10 años de prisión.

Aquí la CIDH ha pedido al Estado reparar moral y económicamente al terrorista.

Esta polémica decisión se suma a una lista que integra también la terrorista de Sendero Luminoso Mónica Feria Tinta, quien ganó una demanda que llevó a la CIDH y que esta derivó a la Corte-IDH.

En la sentencia de fondo, la Corte-IDH ordenó al Estado Peruano indemnizarla con la suma aproximada de S/.250 mil ($90,683.52) tras establecer que se violaron sus derechos.

La historia podría repetirse en el caso de Garrido-Lecca si no se refutan contundentemente sus argumentos y pretensiones.

La exbailarina, actualmente presa en Santa Mónica, saldría libre el 11 de setiembre del 2017.