Sacando cuentas. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Alfredo Thorne, anunció que junto a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) harán una investigación sobre el ingreso de nuevos trabajadores durante el gobierno de Ollanta Humala, considerando que entre enero y junio de este año el pago por concepto de planilla se ha incrementado en 5.5%.
Durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, precisó que junto con la PCM está haciendo un cálculo del aumento del personal que se originó en el gobierno anterior “y me gustaría traérselo, una vez que tengamos el cálculo de cuántos nuevos trabajadores ingresaron al gobierno y el costo que esto significó”.
En ese sentido, dijo que en lo que va del año se ha registrado un aumento real de 5.5% en el gasto en remuneraciones en el sector público.
AUSTERIDAD. Thorne refirió que el MEF está totalmente convencido de que se debe aplicar austeridad en el sector público, por lo que ya se tomaron medidas en ese sentido.
“Hemos realizado una labor extensiva, junto con los sectores, en la elaboración de este presupuesto (2017) y nos hemos metido directamente a todos los gastos”, manifestó.
A renglón seguido, señaló que además se implementará el “Presupuesto Base 0”, en el que cada sector tendrá que justificar sus programas sociales o su gasto público, en función de los objetivos que se impongan.
“Nos hemos comprometido para el siguiente año a elaborar un presupuesto cero que consiste en revisar los programas sociales y verificar su eficacia, de modo que se cumplan los objetivos establecidos por el Gobierno”, manifestó.
Es decir, según refirió, se evaluarán todos los programas públicos, sociales y no sociales, para verificar su aporte al cumplimiento de los objetivos establecidos por cada ministerio.
CINCO VECES. Thorne dijo que todo ello se hará, considerando que el gasto presupuestal orientado a esos rubros se ha incrementado casi en cinco veces desde el año 2000.
“Creo que es momento de hacer una revisión hacia atrás y veamos cuáles son los programas que realmente están llegando a las personas que buscamos llegar”, agregó.
En ese sentido, refirió que se está poniendo límites al gasto corriente de contrataciones y aumento de sueldos, favoreciendo la inversión. “Vamos a tener una política fiscal disciplinada”, comentó.
“El ministro de Transportes (y Comunicaciones, MTC, Martín Vizcarra) está conversando con el concesionario, pero no se quiere llegar a un arbitraje”, señaló.
Al respecto, explicó que el Gobierno está planteando sacar el tren (de la vía subterránea) en alguna parte, del tramo original, según el contrato de concesión, “sobre todo, llegando al Callao”, para que siga a nivel de la superficie y se pueda reducir costos.
El saneamiento de los terrenos por donde pasará la Línea 2 del Metro de Lima es un problema que frena el avance de las obras.
Además, la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 debe cumplir con los requerimientos del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura (Ositran), que contrató, en marzo del 2015, al Consorcio Supervisor Internacional Línea 2, conformado por empresas del Perú, China y Corea para fiscalizar el correcto avance de las obras.
Según una entrevista que dio a Gestión, una representante de esa sociedad, la participación de la supervisora demora las obras porque le toma mucho tiempo hacer los estudios respectivos.
Jorge Chávez. Del mismo modo, Alfredo Thorne se refirió también al aeropuerto Jorge Chávez, indicando que su concesionario, Lima Airport Partners (LAP), ha pedido al extender su contrato por 20 años más, pero que el Gobierno le ha informado que solo se le dará otros diez años más, en consideración a la demora en la entrega de los terrenos para construir la segunda pista del terminal aéreo.
La concesión de LAP se inició en el 2001, cuando firmó el contrato respectivo, por un plazo de 30 años, el mismo que termina el 2031.
Actualmente, la entrega de los terrenos a LAP, para la segunda pista, está supeditada al retiro de los tubos de Cálidda (gas natural), así como de Sedapal, empresas que tienen el compromiso de dejar libre la zona en diciembre de este año, para que a inicios del 2017 se comiencen las obras.
Thorne también manifestó que el ministro de Energía y Minas (MEM), Gonzalo Tamayo, está liderando una negociación con el consorcio que construye el gasoducto del sur del Perú (GSP), pero no detalló los puntos materias de discusión.
El mayor problema para construir el GSP es el financiamiento, pues, Odebrecht, el mayor accionista, tiene problemas para conseguir fondos, por el caso de corrupción que la envuelve en su país .