Escándalo de la Dini sacude al Gobierno

La denuncia de Correo Semanal por el ilegal rastreo de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) a las propiedades de políticos, empresarios y periodistas obligó a la premier Ana Jara a asistir al Congreso a rendir cuentas.

Su explicación, exigida horas antes por casi todas las bancadas parlamentarias -hasta Perú Posible que tiene entre los investigados a su líder Alejandro Toledo-, no satisfizo a las diferentes tiendas políticas.

Sin embargo, llevar a la Primera Ministra al recinto congresal no fue fácil. La negación del oficialismo a que Ana Jara explique esta nueva denuncia de rastreo desde los órganos de Inteligencia obligó a la oficialista Ana María Solórzano a suspender la sesión plenaria. Dos sesiones de negociación del Consejo de Portavoces tuvieron que celebrarse antes que el nacionalismo cediera.

Ana Jara llegó al borde de las 19.00 horas al hemiciclo. Ella pretendió relativizar el grave hecho aduciendo que la información obtenida por el agente de la Dini “era de dominio público”.

Ana Jara aseguró que en este gobierno ni el presidente Ollanta Humala ni ella como vocera del Ejecutivo han dado “órdenes o directivas para realizar acciones ilegales, como espionaje, seguimiento o interferencia de las comunicaciones”.

“Quien haya hecho esto tendrá que responder a la justicia, tendrá que responder por qué lo hizo, qué ameritó ese acopio de información pública y, en segundo lugar, se tendrá que determinar el uso de esa información, quién o quiénes fueron los destinatarios finales; eso es lo que se debe determinar”, afirmó.

Aseguró que este gobierno no va a apañar a nadie y que no se va a comprar el pleito de la corrupción.

Sin embargo, en un momento de su intervención, la Premier Ana Jara incluso bromeó señalando que la información que rastreó la Dini sobre ella era pública y comentó que su ficha de Reniec la muestra mucho más joven. Ese gesto fastidió a la oposición en el Parlamento.

Asimismo, la titular del gabinete informó que remitió al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, un oficio “que disponga el inicio de las acciones e investigaciones a las que hubiera lugar contra los que resulten responsables, a fin de que se determine la existencia de los delitos que podrían haberse cometido, y se individualice al presunto autor o autores del mismo, determinándose en la estación procesal correspondiente la sanción que corresponda”.

PALO. Iniciado el debate, la legisladora fujimorista Martha Chávez criticó a la Premier, pues remarcó que el rastreo de los vehículos, por ejemplo, se hace para planear un posterior reglaje.

Además, hizo hincapié en que “el Gobierno sabía desde el 2011 la ubicación del domicilio de Óscar López Meneses. ¿Cómo dicen entonces que creían que custodiaban la casa del almirante José Cueto?”, afirmó.

Su colega de bancada Héctor Becerril pidió la renuncia de Ana Jara porque remarcó que se había rastreado “a toda la oposición y hasta a la familia Humala, menos a Ollanta y Nadine. Qué extraño”, dijo tras adelantar que su bancada parlamentaria pedirá la censura de la jefa del gabinete.

En tanto, el nacionalista Daniel Abugattás defendió a Ana Jara e insistió en que la información “acopiada” era pública, porque la época de abusos de los servicios secretos acabó durante el fujimorismo.

Por su parte, el legislador pepecista Luis Galarreta señaló que la presidenta del Consejo de Ministros “tenía que asumir su responsabilidad política”.

El congresista de Alianza para el Progreso Luis Iberico fue enfático en afirmar que la oposición “no se puede tragar el cuento” de que la información rastreada es pública y por ello no hay mayor problema.

“Todos sabemos que los servicios de inteligencia trabajan con información pública y privada. ¿Pero qué hace la Dini rastreando a mi padre, un hombre jubilado? Por el bien de la democracia, aquí tiene que haber responsabilidad política. Esto no es agua de malvas”, aseguró notoriamente indignado.

Previamente al debate, el líder de Restauración Nacional, Humberto Lay, dijo que al igual que Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos tras el escándalo Watergate, el mandatario Ollanta Humala “debería renunciar a la Primera Magistratura por haber ordenado chuponear y seguir a la oposición política”.