Graña y Montero busca recuperar inversión de $220 millones

En un contexto de indignación generalizada por el comportamiento que tuvo la empresa brasileña Odebrecht al pagar coimas a funcionarios peruanos para ganar licitaciones en el país durante los últimos 15 años, Correo conoció ayer que Graña y Montero, su socia en el Gasoducto Sur Peruano, solicitó activar el dispositivo contractual del Valor Contable Neto de los Activos de Concesión (VCN), con el cual estima que recuperará el 95% de su inversión en ese proyecto.

Como se sabe, el último martes, el Gobierno rescindió el contrato del Gasoducto Sur Peruano, que integraban Odebrecht, Enagás y Graña y Montero.

La estimación de lo que GyM espera recuperar fue comunicada a la Superintendencia de Mercado de Valores el martes 24 de enero a través de una carta firmada por la representante bursátil de la empresa, Claudia Drago.

Allí se sostiene que, de acuerdo con el contrato de concesión, el Consorcio Gasoducto Sur Peruano tiene el derecho de recibir, en un plazo de 12 meses contados, un pago que puede oscilar entre el 72.25% y el 100% del VCN. Es decir, del total invertido por la sociedad.

De ser efectivo el pago mínimo (72.25%), GyM estipula que recuperaría 220 millones de dólares (95% de su inversión), con lo que -dice la comunicación- podrán cumplir con los préstamos que hicieron a cinco bancos y el pago de la garantía por incumplir el compromiso asumido con el Estado.

Al respecto, el abogado corporativo Adolfo Román, socio del Estudio Rodríguez Angobaldo Abogados, explicó a este diario que con este documento lo que la firma peruana está reportando a la Superintendencia es que el término del contrato “no va afectar en absoluto la marcha financiera de Graña y Montero”, pues “cuando (el Gobierno) saque a subasta los activos del GSP”, parte del dinero deberá ser devuelto a sus cuentas bancarias.

“Tal y como está la situación, la concesión permite que al consorcio se le reembolse el monto invertido y es lo que (GyM) está esperando, de hecho esa sería una de las fuentes para cumplir con las obligaciones que asumió con sus acreedores”, dijo Román.

Añadió que, como Graña y Montero no forma parte de ninguna investigación fiscal, no existe impedimento para que se le reembolse su capital. Proceso que, dijo, se debe dar en el marco de la “relicitación” que hará el Gobierno para continuar con el proyecto de gas natural.

Además, aclaró que el monto no saldrá de las arcas estatales, sino de lo que pague el nuevo postor por los activos de la concesión.

EN CONTRA. Sin embargo, el integrante de la comisión “Lava Jato” Víctor Andrés García Belaunde consideró que el mandato de Pedro Pablo Kuczynski debe ser enérgico para impedir que este dinero vaya a parar nuevamente a las cuentas de la compañía, pues -dijo- se debe ejecutar la “cláusula anticorrupción” del contrato.

“Hay que defender los intereses del Estado, no de los amigos y deben ponerse firmes y exigir todo lo que esté a su alcance. Tienen los instrumentos legales”, manifestó.

Precisó que el consorcio incumplió el contrato y, por lo tanto, debe perder su dinero. “No debería ganar ni recuperar nada (...) Hay que recordar que hay una cláusula de corrupción del contrato, por lo tanto, la pérdida debe ser de todo”, acotó.

Asimismo, puso en duda la versión de la empresa, que ha dicho que desconoce el pago de coimas, pues -según su argumento- este tipo de hechos siempre dejan “huellas contables”.

“Los socios lo que más cuidan es la caja, los egresos y los ingresos, me llama la atención que no se hayan dado cuenta de que salía dinero, además, cuando entraron en consorcio, (Odebrecht) ya tenía cuestionamientos en Brasil por lavado de activos”, replicó.

OBRAS INFLADAS. De otro lado, el informe reservado que entregó la Contraloría de la República a la comisión “Lava Jato” reveló que en los contratos de grandes obras que tuvo la empresa brasileña Odebrecht junto a Graña y Montero durante los años 2005 al 2011, hubo incrementos en $1327 millones.

Por ejemplo, para el proyecto de la Línea 1 del Metro de Lima-Tramo 1, en el 2011, la mencionada obra tenía una inversión inicial de $583 millones, pero luego hubo un incremento de $302 millones más, y llegó a costar $885 millones.

Para el tramo 2 de Línea 1 del Metro de Lima, la inversión inicial fue de $410 millones y se incrementó en $109, costando en total $519 mlls. El contrato se realizó con la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE).

En el 2005, para las obras de IIRSA Sur en los tramos 2 y 3, los costos iniciales de la obra fueron de $236 y $395 millones, respectivamente, pero ambas terminaron con un costo de $1285 millones.

En ambos proyectos participaron Odebrecht, Graña y Montero, así como Ingenieros Civiles y Contratistas General.

Asimismo, la obra IIRSA Norte iniciada en el 2005 por Graña y Montero, Odebrecht y la participación de la constructora brasileña Andrade Gutierrez, también investigada por pagar coimas a funcionarios para ganar licitaciones, tenía una inversión inicial de $258 millones, pero terminó incrementándose en $290 millones por lo que en total costó $548 millones, reveló la Contraloría.

MÁS. Además de ello, la Contraloría detectó, a través de una auditoría, que la obra del Metro de Lima Línea 1-Tramo 1 (Villa El Salvador-Av. Grau) realizada por Graña y Montero y Odebrecht se otorgó indebidamente una ampliación de plazo, liberando al contratista del cobro de penalidades por $915,352.

También señaló que se favoreció al contratista en la elaboración del expediente técnico y en la ejecución de los trabajos respecto al suministro de accesorios de material rodante, al aceptársele la no ejecución de esta partida, liberándolo de las penalidades de hasta $50’921,274.

Incluso, se aceptó la no participación del jefe de proyectos ofrecido en su propuesta técnica.

También se pagó irregularmente al contratista por la partida de rehabilitación de la infraestructura de la vía férrea por $6’423,930.

Los mencionados detalles, así como otros, según la Contraloría, generaron un costo de presunto perjuicio económico al Estado de $111’296,528.

Para la contraloría existe un responsabilidad penal, civil y administrativa. El caso se encuentra también en el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

Para el caso del Tramo 2, que es desde la avenida Grau hasta San Juan de Lurigancho, la Contraloría detectó que los contratistas no contaban con libre disponibilidad en parte del terreno requerido, antes del inicio de la obra, al advertirse viviendas dentro del derecho de vía del tren.