El Congreso que dejará funciones en julio empuja cambios claves sobre minería y Amazonía pese al fuerte rechazo ciudadano que arrastra desde hace años. Si bien más del 70% de congresistas buscó la reelección, tras las elecciones en primera vuelta quedó fuera del próximo Parlamento bicameral, y varias bancadas perderán representación o desaparecerán.

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Sin embargo, sectores que impulsaron normas favorables al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) y a la flexibilización ambiental buscan dejar reformas permanentes antes del cambio de legislatura.

Entre las propuestas en carpeta figura el Proyecto de Ley 3377, que abriría las puertas a concesiones mineras en territorios sensibles como la Madre de Dios, y permitiría que mineros registrados en el REINFO operen con documentos ambientales en trámite, sin esperar su aprobación formal. Una medida que, según Iván Arenas, analista en temas mineros, equivale a darle luz verde a una actividad que ya causa estragos en la selva.

“Congreso no debería tocar esos temas de fondo. La ley MAPE debe ser abordada en el próximo gobierno, lejos de ideologismo y politización, porque hoy no hay garantía de que eso suceda”, sostuvo Iván Arenas.

Además, el Congreso evita la discusión de la nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), una norma que tiene por objetivo ordenar la actividad minera informal y enfrentar el crecimiento de economías ilegales vinculadas al oro.

Bancadas como Alianza para el Progreso y Podemos Perú —entre las más golpeadas en las urnas— impusieron durante años iniciativas para reducir los controles a la minería informal, un sector que con frecuencia sirve de fachada a operaciones ilegales. Ahora, antes de entregar el mando, buscan dejar esas reformas grabadas en el poder.

“No podemos aceptar que haya un debate sobre esto cuando tenemos congresistas que representan a la minería informal”, señaló.