La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se pronunciaron en contra de los proyectos de ley que proponen que los afiliados a las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) puedan acceder al Régimen del Jubilación Anticipada (REJA) a partir de los 50 años, tema que se verá mañana en la Comisión de Economía del Congreso.

Para la SBS, el cambio que se pretende hacer afectará directamente a los afiliados varones porque al adelantar la jubilación, se aumenta el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, debido a que el aportante tendrá menos fondo y, a la vez, más años por proteger en la vejez.

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Además, señaló que los afiliados perderían la rentabilidad que ganarían con más años de aportes, con lo que se hará más complejo el objetivo de alcanzar una pensión de jubilación adecuada.

“La edad de jubilación no debe obedecer a situaciones coyunturales. Los proyectos resultan dañinos porque reducen aún más el ahorro jubilatorio de los afiliados, exponiendo a peruanos a caer en la pobreza en la vejez, disminuye la capitalización de sus ahorros y genera mayor carga fiscal para el Estado”, se lee en un oficio enviado por la SBS a la Comisión de Economía del Parlamento.

En esa misma línea, sostuvo que reducir la edad de jubilación adelantada implica no solo que nuestro aparato productivo deje de contar con un importante grupo de trabajadores que opte por esa alternativa, sino también que se retire el 95.5% de sus fondos de pensiones y que se adelante el vencimiento de los Bonos de Reconocimiento correspondientes a dichos trabajadores.

Riesgo de pobreza

Para el MEF, se desnaturaliza la finalidad de cobertura de los fondos de pensiones en la etapa de vejez. “La reducción de la edad de jubilación reduce la posibilidad de acceder a mejores pensiones dado que afecta directamente el nivel de la Cuenta Individual de Capitalización y consecuentemente al nivel de la pensión”, argumentó.

Por su parte, el BCR explicó que si se consideran las tendencias demográficas y la mayor expectativa de vida de la población, reducir los años de aporte y establecer una menor edad de jubilación para los afiliados sería inadecuado porque aumentaría el riesgo de pobreza en la vejez, como también podría implicar una carga social importante para el Estado a futuro.

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