El proyecto que plantea la creación de una Nueva Ley de Industrias, con el objetivo de iniciar un proceso de industrialización en diversos aspectos productivos del país e instituir el sustento de ordenación del sector industrial, incorpora herramientas que carecen de sustento técnico, cuya aplicación en el pasado ha sido fallida, señalan especialistas, autoridades y gremios del rubro que se pretende regular.

La iniciativa, que presentó el congresista José Enrique Jerí (Somos Perú), propone como principios rectores el posicionar a la industria como eje central para el desarrollo del país, así como establecer una estrategia de base productiva sectorial, entre otros aspectos.

Sin embargo, para lograr sus objetivos, la propuesta de ley incluye de manera predominante exoneraciones tributarias como incentivos para el desarrollo de actividades económicas particulares.

Esta situación, según expertos, tendría un alto costo fiscal e incurre en un error porque, para seleccionar a las actividades que gozarían de beneficios, debió efectuarse un análisis técnico profundo, que determine a las industrias en las que presentaríamos ventajas comparativas.

Voz autorizada. El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, cuestionó la iniciativa porque, según afirmó, las medidas de política de impulso sectorial requieren identificar externalidades potenciales específicas de cada sector, además de tener una estrategia para abordarlas, que debe superar el análisis costo–beneficio.

“Dada la amplitud de medidas que, a su vez, abarcan varios sectores productivos, consideramos que se requiere una mayor discusión y gradualidad con evaluaciones progresivas de intervenciones específicas”, indicó el titular del BCR.

Para la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), muchas de las herramientas propuestas en el proyecto, incluso, violarían disposiciones de la Constitución y tratados internacionales, como los TLC.

A la fecha, el país tiene varios ejemplos de incentivos tributarios para el desarrollo industrial que no han funcionado, entre los que destacan el caso de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y la Ley N° 29482, que otorga beneficios tributarios en la Amazonía para atraer inversión privada.

Según el paper Some Casual Effects of an Industrial Policy (Algunos efectos casuales de una política industrial), del London School of Economics (2018), ese tipo de iniciativas solo tienen efectos sobre el empleo en las pequeñas empresas, pero no mejoran la productividad total de la industria ni la formalidad, menos en empresas de mayor tamaño.

A ello se suma el riesgo de corrupción, porque –según el proyecto– los gobiernos regionales son los responsables de la propuesta, evaluación y aprobación de Polos de Desarrollo Productivo para la obtención de beneficios tributarios, lo que deja la puerta abierta a eventuales irregularidades.