El ingreso de dinero en efectivo o de bienes de origen ilegal (por ejemplo de corrupción) al sistema económico legal, conocido como lavado de activo, es un delito que se persigue en todo el mundo y en Perú no es la excepción.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo publicó el Informe Defensoría N.°286 “Lavado de activos: cuando la investigación se convierte en condena”.

Al respecto, la Cámara de Comercio de Lima (CCL) señaló que la lucha contra el lavado de activos debe ser frontal y efectiva porque este delito afecta la institucionalidad, la libre competencia y el sistema financiero.

Así, felicitó y reconoció “el importante trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo al publicar el Informe Defensorial N.° 286, “que pone finalmente en la agenda pública un problema que durante años ha sido minimizado”.

Precisó que la Defensoría hace visible “el enorme daño económico, empresarial y reputacional que puede ocasionar una investigación penal que se prolonga indefinidamente sin una decisión oportuna”.

En los últimos 20 años, uno de los casos más emblemáticos de lucha contra el lavado de activos ha sido el de Odebrecht y Lava Jato en el que las investigaciones fiscales estaban dirigidas a poner en evidencia casos de corrupción política, sobornos, etc.

Casos

El informe documenta 12 casos con investigaciones y procesos de 10, 15 o 20 años que terminaron con sentencias absolutorias en primera instancia, cuando el patrimonio y la actividad empresarial de los investigados ya habían sido afectados irreversiblemente.

También identifica investigaciones archivadas después de 72, 120 o 180 meses, así como un proceso que superó los 24 años y terminó con una sentencia absolutoria.

Así, el gremio empresarial indicó que “combatir al crimen organizado no puede significar sacrificar la presunción de inocencia, el debido proceso ni el derecho a un plazo razonable. La propia Defensoría plantea fortalecer la persecución penal, haciéndola más eficaz y respetuosa de las garantías constitucionales”.

Agregó que una investigación no puede convertirse en una sentencia anticipada ni destruir una empresa antes de que exista una condena. “El Perú necesita instituciones fuertes para perseguir al crimen, pero también seguridad jurídica para invertir, emprender y generar empleo”, anotó.

Destacó que la Defensoría haya tenido la decisión de hacer visible esa realidad y colocarla en el debate nacional, y expresó su disposición a contribuir con propuestas que permitan corregir distorsiones y construir un sistema de justicia más eficiente, predecible y respetuoso de los derechos fundamentales.