Tras la masacre de 13 personas en Pataz, la politóloga Zaraí Toledo Orozco advirtió que el Estado no conoce el problema porque no se enfoca en quien extrae el mineral, la persona que más se expone y menos gana. Lo que nadie ve, o prefiere no ver, es la red que lo sostiene todo.

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Sostuvo que el minero que baja al río o entra al socavón es el actor más visible de la minería ilegal, pero también el más débil y el que menos gana. Detrás de él opera una cadena de financistas, autoridades aliadas, policías corruptos, compradores, plantas de beneficio y comunidades, donde el Estado controla poco o nada.

FINANCISTAS Y ALIADOS

Para que una mina ilegal opere, hay financistas o prestamistas, personas o redes que ponen el dinero, la maquinaria, el combustible, los explosivos y los campamentos. Estos “empresarios” muchas veces nunca pisan una mina, pero se quedan con la mayor parte de la producción.

Tienen como aliados a alcaldes, gobernadores y congresistas que ofrecen protección política, impulsan normas que flexibilizan la lucha contra la informalidad y frenan operativos.

Al respecto, el analista Iván Arenas señala que algunos congresistas ya representan a este tipo de minería. “Algunos gobiernos regionales también han sido los culpables de la informalidad, del fracaso del REINFO. Asimismo, en lugares donde hay minería informal, los alcaldes están coludidos y en algunos casos son hasta tenedores del registro”, afirmó.

POLICÍAS Y MILITARES EN LA CADENA

Miembros de la Policía y del Ejército también forman parte de la red, pues cobran cupos para permitir el paso de combustible, maquinaria o mineral, alertan sobre operativos, custodian convoyes y protegen rutas ilegales.

En Cusco, Puno y Lima habría policías involucrados en el robo de oro, mientras que en La Libertad han sido denunciados por liberar detenidos y hacer desaparecer mineral incautado. Según el medio Causa Justa, se les paga entre 10 000 y 50 000 soles por transportar minerales.

La cadena se completa con acopiadores locales, empresas exportadoras, intermediarios que “blanquean” mineral ilegal mezclándolo con producción formal y casas de compra que no verifican el origen. A nivel nacional, 304 plantas procesan minerales en 17 departamentos, muchas sin verificar la procedencia del mineral que reciben.

“Algunas reciben producción sin ningún tipo de fiscalización más allá del REINFO”, señaló Arenas.

Alrededor de esta actividad también operan redes dedicadas a la trata de personas, prostitución, extorsión, sicariato y lavado de dinero, así como proveedores de explosivos, traficantes de mercurio y empresas de transporte que completan el engranaje de una industria ilegal que mueve millones en el país.