La minería ilegal ya es la principal actividad delictiva del Perú y mueve cerca de 11.500 millones de dólares, superando al narcotráfico. Debido a esta situación, expertos advierten que los primeros 100 días del nuevo gobierno serán determinantes para frenar esta actividad.
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Al respecto, el especialista del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), César Ipenza, señaló que el nuevo presidente deberá entender la magnitud del problema, una economía ilícita que arrastra graves impactos ambientales y delitos conexos, y que opera con impunidad en varias regiones del país.
MEDIDAS URGENTES
Entre las medidas más urgentes, el Observatorio exige cerrar definitivamente el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), el cual se ha convertido en un escudo legal para mineros informales que siguieron extrayendo oro sin controles.
También plantea aplicar el principio de responsabilidad ambiental para que quienes operan en zonas prohibidas respondan penal y civilmente, tal como recomendó el Tribunal Constitucional el año pasado, aunque el gobierno actual no actuó al respecto.
Otras propuestas incluyen garantizar presupuesto para las fiscalías especializadas, que este año cuentan con cero soles; implementar medidas antisoborno en el Ministerio de Energía y Minas; aprobar una ley que prohíba el mercurio (metal que contamina ríos, suelos y poblaciones) para 2030. Asimismo, en la trazabilidad del oro, se busca activar el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA); y prohibir mediante decreto supremo la minería en ríos amazónicos.
Las propuestas están dirigidas a los candidatos Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú. Según el Observatorio, ambos planes de gobierno presentan vacíos importantes: Fujimori no precisa cómo cerraría el REINFO ni cómo financiará una estrategia sostenida contra el crimen vinculado al oro ilegal; mientras que Sánchez propone cooperativas mineras y reducir plazos de caducidad de concesiones, sin abordar el problema de fondo.
Ante ello, Ipenza aseveró que “o ignoran la realidad del país y no entienden lo que implica esta actividad ilegal, por lo que no merecen gobernarnos; o están estrechamente vinculados a esa actividad y, por eso mismo, no la cuestionan ni plantean medidas concretas, reales y efectivas”, dijo.
En ese sentido, el OMI advierte que el próximo gobierno enfrentará una economía ilícita en el territorio nacional, que amenaza la seguridad de miles de peruanos y usa la corrupción como estrategia para operar.
