De un total de 832 proyectos de saneamiento a los que el Gobierno transfirió recursos por más de S/2790 millones en el 2017, la Contraloría General visitó 72 que concentraban los presupuestos más altos (cerca de S/620 millones en total), procurando visitar al menos un proyecto por región, y encontró 641 riesgos, especialmente de tipo técnico y de tiempo.
EXPEDIENTES En este promedio de más ocho riesgos por proyecto, el 43% son técnicos, como la disminución de la calidad de la obra, la reducción de la vida útil de la infraestructura y, en menor medida, la inoperatividad del sistema.
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Al respecto, la Contraloría recomienda al Ministerio de Vivienda fortalecer el monitoreo de campo y seguir el proyecto hasta el término. También pide cumplir con los requisitos para el otorgamiento del financiamiento. Por ejemplo, que se cuente con la documentación de disponibilidad física del terreno y los permisos completos.
Otro principal riesgo es el de tiempo (20% de riesgos identificados), es decir, la posibilidad de un incumplimiento en los plazos y riesgos de paralizaciones de obra. Por otro lado, un 16% son riesgos económicos, referidos al aumento de costos o pérdidas de recursos en la ejecución.
EJECUTORESDe los 832 proyectos que se financiaron en el 2017 mediante transferencias del Ministerio de Vivienda, el 75% están en manos de municipalidades distritales, sin contar con los 16 proyectos de las entidades prestadoras de saneamiento (EPS), que también se administran a través de municipalidades.
Mientras tanto, las provincias recibieron S/493 millones (17% de lo transferido) y los gobiernos regionales percibieron S/101 millones.