El representante del Defensor del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, predijo momentos complicados en la región debido a la reactivación de conflictos sociales latentes. Tras las elecciones generales 2021, nuevas demandas deberán ser asumidas por el nuevo Gobierno.

“Los faroles están hoy sobre la campaña. Lo cierto es que después se van a reactivar las demandas sociales de la población. El número se va a incrementar, esta situación será paralela a la problemática por la pandemia”, dijo Manrique y  explicó que será tarea del nuevo Gobierno mantener el diálogo con la población. “Se debe salvaguardar la vida y salud. Competerá al nuevo representante del país tomar las riendas y ofrecer soluciones”, sentenció.

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La Defensoría del Pueblo detectó cuatro situaciones  difíciles en la región durante abril. Mediante el reporte de conflictos N° 206, la entidad detalló que existen dificultades entre la población y sectores privados y públicos que pueden desencadenar situaciones de violación a los derechos fundamentales.

Tres de los conflictos están activos. Se trata de dos de tipo socioambientales: mineros informales de Calpa Renace (Carevelí) y la oposición de agricultores al proyecto minero Tía María (Islay); el tercero es un asunto del Gobierno nacional, respecto a la paralización del  proyecto Majes Siguas II (Caylloma). El conflicto latente es un reclamo de pobladores del La Joya (Arequipa) sobre la culminación de la planta de tratamiento de agua potable.