Un total de 22 entidades públicas de Arequipa, entre ellas SEDAPAR S.A., la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones y la Gerencia Regional de Salud, no cumplieron con registrar a sus exfuncionarios en la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público, pese a que esta obligación rige desde el 22 de agosto de 2023, según advirtió la Contraloría General de la República.

La Plataforma de Debida Diligencia es una herramienta digital del Estado que permite verificar si exautoridades, funcionarios o servidores tienen impedimentos o restricciones para volver a contratar con el Estado o pasar al sector privado, en el marco de la Ley 31564. Su finalidad es prevenir conflictos de interés y evitar el uso indebido de información o influencias obtenidas en el ejercicio del cargo público.

De acuerdo con los informes de Acción de Oficio Posterior emitidos por la Contraloría, al no publicar esta información, las entidades dificultan que se pueda verificar si un exfuncionario respeta las reglas. La responsabilidad de hacer este registro recae en la máxima autoridad administrativa de cada institución.

INSTITUCIONES QUE INCUMPLIERON

Entre otras entidades observadas figuran el Gobierno Regional de Arequipa – Salud Aplao, la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, la Municipalidad Provincial de Camaná, Sedapar, la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, la Municipalidad Distrital de Miraflores, Yarabamba, Yanaquihua, Samuel Pastor y Dean Valdivia.

También aparecen la Municipalidad Distrital de Tiabaya, San Antonio de Chuca, José Luis Bustamante y Rivero, la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), el Hospital Regional Honorio Delgado, Mollebaya, Sachaca, Cayma, Coporaque (Caylloma), Paucarpata y Yura. La Contraloría ha recomendado que las entidades regularicen la situación y presenten un plan de acción para corregir el incumplimiento en un plazo de 20 días hábiles.

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La obligación de publicar la salida de exfuncionarios rige desde el 22 de agosto de 2023, pero solo el 17% de entidades a nivel nacional había cumplido con el registro hasta septiembre de 2025.

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