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Hace dos semanas el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) informó el despido de 10 trabajadores de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM) por el presunto cobro irregular a mineros informales en el proceso de formalización, sin embargo, esta denuncia alcanzaría a funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), aseguró el titular de la GREM, Iván Prado Barreto.
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El funcionario regional afirmó que el servidor público Ángel Martín Quezada Quezada, quien labora como enlace de la Dirección de Formalización Minera en la región Arequipa, no solo prestaba servicios para el Estado, sino también para mineros que hoy se encuentran ubicados en una zona de conflicto desde el 2018.
Prado Barreto aseguró que este lunes estarán enviando un oficio al Congreso de la República para que sea este el que inicie las investigaciones respectivas a nivel del Minem por presunto lavado de activos, “estamos enviando el oficio para que les levanten el secreto bancario”, comentó.
En el caso de Martín Quezada, este habría prestado asesoría legal a mineros artesanales en la provincia de Condesuyos, aunque en el documento no se especifica cuáles serían estas asesorías, se documenta una serie de conflictos entre el 2018 y 2023, donde se presentaron invasiones de socavones y balaceras qué dejaron 3 fallecidos y heridos en el transcurso de estos años.
Asimismo, el funcionario aseguró que estas denuncias ya fueron remitidas a la Oficina de Integridad del GRA, para que se canalicen a los entes respectivos como Ministerio Público, Contraloría o Secretaría Técnica del Proceso Administrativo Disciplinario.
Otro de los implicados en este caso denunciado por el Gobierno Regional de Arequipa se encuentra Luis Ángel Neptali Talavera Begazo, personal nombrado de la GREM, a quien en febrero se le acusó de presuntamente realizar actos indebidos en el desarrollo de consultas ambientales presentadas, evaluadas y aprobadas en la Gerencia Regional Ambiental del GRA.
De igual forma, Iván Parado indicó que en la GREM se detectó que el abogado Dante Gómez y su padre, también abogado del mismo nombre cobraban 5 mil soles a mineros por asesorar, desarrollar, acelerar trámites, quienes junto a otros locadores de servicios realizaban estas asesorías.
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