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Las desapariciones de mujeres en Arequipa son cada vez más alarmantes. En solo cinco meses, los casos se cuadruplicaron y pasaron de 16 en enero de este año a 64 en junio, según los reportes de la Defensoría del Pueblo. Con estas lamentables cifras, la región ocupa el segundo lugar a nivel nacional en mayor número de denuncias, solo superada por Lima.
Según los reportes mensuales, en febrero se registraron 15 denuncias, en marzo 23, en abril 19, en mayo 11 y en junio la cifra se disparó a 64. Hasta abril, Arequipa ya se ubicaba entre las tres regiones con más reportes de desapariciones, superando a zonas históricamente críticas como Callao, Puno y Áncash.
Las niñas y adolescentes son las principales víctimas. En abril, 17 de las 19 mujeres desaparecidas eran menores de edad. En junio, fueron 21 de un total de 64. Esta tendencia no es exclusiva de Arequipa, ya que a nivel nacional, el 77 % de los menores desaparecidos en febrero son menores de edad, con 455 casos reportados ese mes.
ESTUDIO
La Defensoría advierte que muchas desapariciones están ligadas a otras formas de violencia de género, como trata de personas, violencia sexual y feminicidio. En varios casos, sobre todo cuando se trata de menores, las víctimas habrían sido engañadas a través de redes sociales para abandonar sus hogares.
En junio se logró ubicar a 36 mujeres desaparecidas, pero 28 seguían sin ser encontradas. La Defensoría advierte que existen vacíos en los sistemas de búsqueda y no hay una articulación entre las instituciones responsables. A ello se suma, en algunos casos, qué malos policías no reciben la denuncia.
“No es necesario que transcurran 24 horas desde la desaparición para recibir, atender y tramitar la denuncia. La Policía tiene como deber realizar todas las diligencias que se requieran, para la investigación y búsqueda de la desaparecida. Es su trabajo iniciar con la localización, buscar evidencias, atender a los denunciantes”, informaron desde la Defensoría.
También pidieron al Ministerio del Interior que elabore un nuevo protocolo de acción conjunta para responder mejor a los casos de desaparición, especialmente cuando son menores. Este protocolo debe asegurar que todas las instituciones involucradas, como la Policía, el Ministerio Público, actúen de forma rápida y coordinada.