La incidencia de conflictos sociales ha incrementado en la región Arequipa con escenarios cada vez más violentos.

Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, actualmente hay 6 conflictos activos, de los cuales, 4 corresponden a pugnas por territorios mineros. El problema se agrava en este tipo de casos porque tan sólo en los últimos tres años, se han registrado alrededor de 60 muertes, en su mayoría, con el uso de armas de fuego.

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El primer caso en ser reportado corresponde al distrito de Choco, en la provincia de Castilla, donde yace la concesión minera Chaquelle 4. En esta zona, los comuneros del referido distrito han denunciado diversos actos de invasión a sus tierras, siendo incluso amenazados reiteradas veces. Parte del problema es la escasa presencia de las autoridades que poco o nada hacen para frenar el avance de los invasores.

Un segundo problema se advierte en el sector Alto Molino, distrito de Río Grande, provincia de Condesuyos. De esta zona se conoce que diversos grupos de mineros informales se enfrentan con armas de fuego y hasta con el uso de explosivos, como se reportó en marzo de este año, cuando 10 mineros resultados heridos. En agosto del 2022, otras 3 personas perdieron la vida por enfrentamientos similares. Asimismo, en el distrito de Atico, provincia de Caravelí, se viene registran un conflicto activo entre la empresa minera Intigold Mining SA y la asociación Calpa Renace.

El problema data desde el año 2020, cuando la empresa dueña de la concesión subió el 40% del pago de las regalías a los mineros de Calpa Renace, según la Defensoría del Pueblo. Tan sólo en mayo del año 2022, los enfrentamientos por el control de la actividad minera dejaron 14 muertos. Un cuarto conflicto de índole minera, catalogado como el más reciente, se viene registrado en el distrito de Uchumayo. En esta zona se ubica la concesión Eduvino por la explotación de cobre y oro.

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No obstante, la presencia de mineros informales empezó enfrentamientos desde el año 2022. Según el reporte de la Defensoría, el último conflicto data del mes de agosto y pese a que la Oficina de Diálogo y Gobernabilidad inició un proceso de diálogo hace dos meses, hasta ahora no hay resultados favorables.

Los conflictos restantes corresponden al proyecto minero Tía María, en la provincia de Islay, dado que la población de la zona no otorgó la licencia social; así como el caso del proyecto Majes Siguas II, en la provincia de Caylloma. En este último caso, el Gobierno Regional de Arequipa no ha podido atender las demandas de la población.

Para el jefe de la Oficina Defensorial de Arequipa, Ángel María Manrique, los casos más relevantes corresponden a los ligados a la minería informal, principalmente por el saldo de fallecidos a causa de los enfrentamientos. Así, en los últimos tres años se ha contabilizado un promedio de 60 fallecidos. También se sabe que en estas zonas ha incrementado la inseguridad ciudadana porque junto con la actividad minera ilegal hay diversos prostíbulos ligados a la trata de personas.

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“Los fallecidos que se saben corresponden a los reportes policiales, son personas reportadas por conflictividad o por temas de seguridad y salud, pero hay otra cifra que no se conoce, hay personas que llegan indocumentados a la zona por eso decimos que la intervención debe ser integral”, agregó.

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