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Entidades públicas de Arequipa fraccionan proyectos para evadir procesos de licitación

Instituciones del Estado utilizan estrategias para burlar las normas de contrataciones, así como evadir las fiscalizaciones de instancias como la Contraloría
Gerente regional de la Contraloría, Hugo Ponce. (Foto: GEC)

Nelly Hancco

Actualizado el 06/05/2023, 08:49 a.m.

Una forma de burlar las normas que encontraro algunas instituciones públicas, en Arequipa, para hacer contrataciones directas y presumiblemente con ciertas irregularidades como favorecer a algunas empresas con las adquisiciones directas, es el fraccionamiento de un proyecto grande a montos menores de los 39 mil 600 soles, equivalente a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), conocido como el “pitufeo”.

El gerente regional de Control de Arequipa, Hugo Ponce Cámara, manifestó ayer que las entidades del Estado tratan de evadir las normas de los procesos  grandes con procesos pequeños, aquellos que no requieren de una licitación pública, porque son por montos menores a las 8 UIT. “Tratan de evadir los  candados o seguros que establece la administración pública”, dijo.

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El funcionario señaló que la Contraloría revisará más las contrataciones de bienes o servicios menores que realizan los municipios y el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Esto ocurre debido a que existen indicios de que el GRA hizo contrataciones a empresas que recientemente fueron creadas o que no cumplen los requisitos exigidos por la norma.

Las compras por cuantías menores también deben cumplir requisitos como cotizaciones.

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INFORMES DE ALERTAS NO SON ATENDIDOS POR LAS INSTITUCIONES

Durante su informe de producción en los primeros cuatro meses de 2023, el gerente de la Contraloría, también indicó que el 80% de los 358 informes o alertas de control simultáneo que emitieron de enero a abril con las advertencias respectivas, no fueron atendidos o tomadas en cuenta por las instituciones.

Sin embargo, la desobediencia en subsanar los posibles errores o riesgos advertidos durante la ejecución de la obra o la contratación de un servicio o bien, conllevaría a responsabilidades administrativas, civiles o penales de los trabajadores o funcionarios.

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