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Ante la advertencia de la Procuraduría Pública del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) sobre la inviabilidad del saneamiento físico-legal de la Asociación de Vivienda Taller La Frontera (Mariano Melgar), la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ingrid Carpio, solicitó un informe detallado al ejecutivo regional que explique los impedimentos legales.
El conflicto surge por una disparidad de criterios entre ambas instituciones. Según detalló la regidora, mientras los informes de la subgerencia de Asentamientos Humanos y Catastro indican que el proceso de formalización es viable y se pueden mitigar algunas zonas de riesgo, el Gobierno Regional sostiene que se trata de terrenos eriazos bajo su responsabilidad.
“Necesitamos la respuesta para nosotros poder emitir un informe. Si nuestro subgerente nos dice que está correcto y el Gobierno Regional dice que es incorrecto, necesitamos que nos especifiquen el motivo tal cual”, señaló Carpio.
Asimismo, Carpio advirtió que cuando el Gobierno Regional se declara propietario de un terreno, pero no ejecuta proyectos en él, lo deja en el abandono. Según señaló, esta falta de acción propicia la ocupación ilegal de tierras. “Cuando nosotros no iniciamos un proceso de formalización, hay un caos y un desorden porque hay invasiones”, explicó.
ESPERA
Indicó que detrás de los papeles y las trabas burocráticas hay una realidad social que no se puede ignorar. Carpio enfatizó que el bloqueo a la titulación choca directamente con la urgencia de miles de ciudadanos que no tienen un techo propio.
En ese sentido, más de 350 familias pertenecen a la Asociación de Vivienda Taller La Frontera, quienes esperan por el saneamiento físico-legal de sus predios. Tras más de 14 años de espera, existe la promesa de que en mayo se logrará dicho procedimiento, concretando el primer paso para titulación y formalización de sus terrenos.