Los legisladores del Consejo Regional de Arequipa (CRA) expusieron ayer su preocupación respecto a las repercusiones del posible cese del contrato para Majes II. Esta vez, Inland Energy S.A.C (antes Luz del Sur) la empresa a cargo de la ejecución de los proyectos hidroeléctricos de Lluta y Lluclla, advirtió su afectación y anunció el inicio de trato directo con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) por su imposibilidad para dotarles de agua del proyecto irrigacional para sus operaciones.
Los consejeros Silvio Arias y Harbeth Zúñiga coincidieron en precisar que finalmente la decisión para destrabar el megaproyecto y evitar nuevos problemas recaen sobre la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, que está a la espera del dictamen que la Comisión de Agricultura haga para poner en debate la adenda 13 de Majes Siguas II. De ello depende la reactivación del proyecto.
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Los congresistas sostuvieron que el problema con Luz del Sur deberán develarse en el informe que elabora la comisión del Consejo Regional de Arequipa y que transparentará otros acuerdos firmados e inversión de las empresas involucradas a fin de buscar soluciones sin traer perjuicio a Arequipa.
“Hay una responsabilidad, un compromiso. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el informe (...) probablemente tengamos más denuncias internacionales”, refirió Arias.
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Zúñiga recordó que está dentro del plazo para responder a Cobra sobre el inicio de cese de contrato. “Es comprensible la preocupación de varios sectores, pero se debe respetar el plazo para el debate y la toma de decisión sobre la adenda 13″, opinó.
El legislador resaltó que no deben existir mecanismos de presión para la toma de una postura. Recordó que Autodema y el GRA tuvieron 3 años para este procedimiento, por lo que la Comisión de Agricultura requiere de un plazo razonable.
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Por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura, Elmer Pinto, dijo desconocer sobre las inversiones de Luz del Sur. “No conozco nada que haya avanzado. Esta a nivel del proyecto, a nivel de idea”, cuestionó.
En una entrevista para Correo, Mario Gonzales, gerente de Inland Energy, informó sobre la inversión de más de 9 millones de dólares por el proyecto. El dinero se usó en Estudios de Impacto Ambiental, Factibilidad, entre otros.
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Pinto opinó que se deben revisar los compromisos firmados con la empresa. “No queremos que dilapiden los recursos naturales y de los peruanos solo para una o dos empresas”, manifestó. Zúñiga discrepó con el legislador asegurando que no le corresponde al CRA tomarse esas atribuciones. “Para eso hay instancias y estamentos. La empresa está viendo amenazada su inversión”, dijo.