Los daños a la propiedad, el bloqueo de vías y los ataques contra infraestructura pública registrados durante protestas pueden ser sancionados con penas de hasta 10 años de prisión, advirtió la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Arequipa tras los hechos de violencia ocurridos ayer durante el paro de los obreros de Construcción Civil en Cerro Colorado.
La fiscalía emitió una alerta preventiva luego de que, durante la protesta del lunes en la obra del módulo del Poder Judicial, manifestantes dañaran el cerco perimétrico del proyecto, destruyeran cámaras de seguridad y, según el Ministerio Público, amedrentaran a vecinos que transitaban por la zona.
DELITOS QUE SON PENADOS
En el documento, el Ministerio Público precisó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución únicamente cuando se ejerce de forma pacífica, sin armas y con un fin legítimo. En ese sentido, recordó que los actos de vandalismo y los saqueos no están protegidos por la ley y generan responsabilidad penal individual.
La fiscalía detalló que quienes ocasionen daños materiales a bienes públicos o privados pueden recibir condenas de entre seis y ocho años de prisión. Si durante una protesta se bloquean totalmente carreteras, la pena puede llegar hasta los 10 años de cárcel.
Asimismo, impedir el libre tránsito o afectar el funcionamiento del transporte, así como los servicios de agua o electricidad, es un delito sancionado con penas de cuatro a seis años de prisión, que aumentan de seis a ocho años cuando estos hechos se cometen con violencia. Si hay agravantes, la condena sube hasta 10 años.
En tanto, los ataques contra infraestructura de servicios públicos o de telecomunicaciones son castigados con penas de entre seis y 10 años de cárcel.
La protesta fue convocada por trabajadores de Construcción Civil que exigen la reincorporación de tres obreros despedidos y que la empresa APM Contratistas Generales contrate a más trabajadores afiliados al sindicato, en lugar de personal procedente de otras regiones. Sin embargo, el gobernador Rohel Sánchez recordó que no existe una norma que obligue a las empresas privadas a contratar exclusivamente a trabajadores sindicalizados.
Pese a la advertencia del Ministerio Público, los obreros volvieron a concentrarse hoy, martes, en la obra del módulo del Poder Judicial, ejecutada por el Gobierno Regional de Arequipa mediante la modalidad de Obras por Impuestos.
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Ministerio Público recuerda que el derecho a protesta es válido solo si se ejerce de forma pacífica, mientras que los actos de vandalismo son delitos penales