La protesta de Construcción Civil en el módulo de Justicia de Cerro Colorado fue hoy con el abandono de varias obras públicas en Arequipa ejecutadas por la modalidad de obra por impuesto, pero, además, con acciones de vandalismo.
La protesta impactó directamente en la obra de contingencia del nuevo hospital IREN Sur, ejecutada por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Los cerca de 150 obreros no se presentaron a laborar, afectando el avance del proyecto. La misma situación ocurrió en el hospital Maritza Campos, donde los trabajadores afiliados al sindicato también abandonaron sus labores, aunque el personal contratado directamente por la empresa continuó trabajando.
El gerente regional de Infraestructura Fabián Enríquez, confirmó que los sindicalizados no acudieron a laborar a las obras ejecutadas por la modalidad de obra por impuesto.
Al no asistir al trabajo, los obreros se concentraron en Semi Rural Pachacutec, en el proyecto de construcción del juzagado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en Cerro Colorado, cuya ejecución permanece paralizada hace un mes.
Durante la protesta, según denunció Darío Zambrano Carlin, representante de la empresa APM Contratistas Generales, los manifestantes rompieron parte del cerco perimétrico, retiraron planchas de calamina y dañaron las cámaras de seguridad instaladas en la obra. Estos hechos se suman a los registrados la semana pasada, cuando también se reportó la destrucción de equipos de videovigilancia.
Al inicio de las protestas, hace un mes, los sindicalizados protestaron por una presunta discriminación en la contratación de obreros. Posteriormente, la protesta cambió de rumbo y pasó a exigir la salida del representante de la empresa, Darío Zambrano Carlin, luego de que denunciara a dirigentes sindicales, entre ellos Luque Espinoza, por los presuntos delitos de coacción, extorsión y daños a la propiedad privada.
ORIGEN DE LA PROTESTA
El representante de la contratista, Darío Zambrano, informó a Correo que el origen de la disputa fue la exigencia del sindicato para reincorporar a tres trabajadores despedidos: Pablo Rojas Flores (72), José Alberto Juárez (57) y Jorge Herrera Camaqui, integrantes del Comité de Obra y del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Según el vocero, los tres fueron separados por ausentarse de la obra durante tres días consecutivos. Además, explicó que dos de ellos, debido a su edad, no podían desempeñarse como peones porque esa labor implica trabajos físicamente exigentes y de alto riesgo, aunque podían desempeñar otras funciones como operarios, pero su perfil era de peones.
El representante también rechazó que la empresa haya incumplido con contratar personal sindicalizado. Explicó que la Ordenanza Regional N.° 283-2014 obliga a incorporar un 60% de trabajadores afiliados al sindicato únicamente en obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Arequipa bajo la modalidad de administración directa. En este caso, precisó, el módulo de Justicia se construye mediante una empresa privada bajo la modalidad de contrata del Gobierno Regional de Arequipa y a través de obra por impuesto, por lo que esa disposición no resulta aplicable.
Sobre el convenio al que hizo referencia días atrás el dirigente Luque Espinoza, Zambrano afirmó que existió un acuerdo con la anterior administración de la empresa, pero sostuvo que quedó sin efecto por las medidas de presión y el comportamiento asumido por los manifestantes durante el conflicto. Desde su óptica, el convenio fue una forma de coaccionar.
RETRASO EN LA OBRA
La paralización impactó en el avance de la obra. La empresa calcula pérdidas aproximadas de 417 mil soles, sin considerar con la paralización y los daños causados hoy. Según Zambrano, el proyecto solo registra un avance físico del 13%, cuando el cronograma establecía que a la fecha debía alcanzar aproximadamente el 20%.
La protesta también generó malestar entre los vecinos de la asociación Semi Rural Pachacútec. Durante la mañana se detonó un explosivo que alarmó a los residentes, quienes además denunciaron que los manifestantes bloquean las calles, impiden el ingreso y salida de las viviendas, golpean vehículos que intentan pasar, responden de manera agresiva a los reclamos de los vecinos y dejan basura en la vía pública.
Además, arrojaron piedras y botellas a las viviendas, al notar que los grababan desde las ventanas.
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