- Tercera División del Ejército: Reconocimiento a General de División Jorge Luis Agramonte Aguilar como Comandante General (VIDEO)
- Alistan proceso de fiscalización para diez locales nocturnos de Arequipa
- Beneficencia de Arequipa recupera playa de estacionamiento y un local
La Contraloría General de la República identificó un perjuicio de S/ 110 512 ocasionado por funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que, durante el año 2023, realizaron diversas adquisiciones ordinarias de materiales seleccionando precios más elevados publicados en la plataforma de Perú Compras, en lugar de optar por las ofertas más económicas disponibles, en detrimento de los recursos públicos.
MIRA: Arequipa: Extrabajadora de Cerro Colorado denuncia tocamientos indebidos por supervisor (VIDEO)
Según el Informe de Servicio de Control Específico N° 080-2024-2-5334-SCE se reveló que, en ese año, el GRA llevó a cabo 25 procesos de compras en los que no se seleccionaron las propuestas más convenientes económicamente, infringiendo el principio de prelación según el precio. Estas adquisiciones sumaron un total de S/ 523 159.
CASOS MÁS REPRESENTATIVOS
La compra de 300 sacos de polipropileno por S/ 64 782 a un proveedor ubicado en el tercer lugar del orden de prelación. El mejor postor ofrecía un costo total de S/ 42 480, lo que generó un perjuicio de S/ 22 302.
La adquisición de 50 unidades de tóner de impresión por S/ 18 831 al proveedor ubicado en el decimotercer lugar de prelación, dejando dejó de lado una oferta de S/ 6903. Esto ocasionó un perjuicio de S/ 11 928.
La compra de 420 unidades de triplay (tablero contrachapado) a un costo de S/ 58 481 con un proveedor en el segundo lugar del orden de prelación. El mejor postor ofrecía S/ 50 551, lo que representó un perjuicio de S/ 7930.
Adicionalmente, otras 22 adquisiciones, como picos, barretas, palas, baldes de pintura, llantas, papel bond y agua de mesa, también registraron irregularidades al optar por proveedores con precios superiores, desestimando las mejores ofertas.
El informe, que evaluó adquisiciones realizadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2023, identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres exfuncionarios del GRA. Se recomendó a la Procuraduría Pública de la Contraloría y al PAS iniciar las acciones legales correspondientes.