Los transportistas concesionarios del Sistema Integrado de Transportes (SIT) cuestionaron la intención de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) de reducir el pasaje urbano de S/1.30 a S/1 y acusaron a la gestión de adoptar una medida con fines políticos que, además, perjudicaría a los formales mientras favorece la expansión del transporte informal.
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Durante la reciente mesa de diálogo, la presidenta de la Asociación Frente de Transportistas Formales de Arequipa (ACTUAR), Patricia Velásquez, sostuvo que las empresas concesionarias cumplen con obligaciones tributarias, operativas y administrativas, pero continúan enfrentando una competencia desigual frente a unidades informales. “A nosotros nos exigen todo, mientras el informal sigue destruyendo nuestra economía y ustedes lo permiten”, manifestó.
Los transportistas también rechazaron las declaraciones de la alcaldesa provincial sobre la reducción de la tarifa y señalaron que la propuesta responde a intereses electorales. Según indicaron, la medida no considera los costos de operación ni las condiciones actuales del servicio, por lo que rechazan la modificación tarifaria.
RESPONDE MPA
Sin embargo, el gerente municipal de la MPA, Alejandro Maldonado, negó que la revisión de la tarifa tenga relación con cálculos electorales. Explicó que la posición de la comuna se basa en un análisis jurídico y técnico respecto al acta de trato directo que sustentó el incremento del pasaje a S/1.30, documento cuya validez viene siendo cuestionada por presuntas deficiencias en la representación de quienes participaron en su suscripción.
Según detalló, la municipalidad considera que la entonces gerenta de Transportes no contaba con una delegación expresa para negociar y acordar modificaciones que impactaran en la tarifa, por lo que la legalidad del procedimiento deberá ser determinada por las instancias correspondientes.
Al término de la reunión, ambas partes mantuvieron posiciones opuestas y no lograron acercamientos. La próxima mesa de diálogo fue fijada para el 26 de junio.
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Gerente municipal negó las acusaciones de los concesionarios y afirmó que la revisión de la tarifa responde a criterios técnicos y legales