Un reciente informe de fiscalización realizado por el Consejo Regional puso en evidencia el abandono en el que se encuentran las agencias agrarias de la zona centro, norte y sur de la región Ayacucho debido al centralismo y la falta de voluntad política de las autoridades del gobierno regional.

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En el informe aprobado por mayoría, la Comisión Agraria 2021, presidida por Ysabel De La Cruz Jorge e integrada por Wilber Huashuayo y Oscar Ore Curo concluyen que Agencias Agrarias de Huancasancos, Sucre, Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcashuamán, Huanta, La Mar y VRAE carecen del presupuesto para atender las demandas de los agricultores y ganaderos de esas provincias. Ello debido a que la Dirección Regional Agraria no ha requerido presupuesto para estos sectores en el 2019 y 2020.

Otra situación que afecta a las agencias agrarias es que terrenos donde funcionan los locales no estarían inscritos en los Registros Públicos. Se sabe que existe una comisión especial para ver la legalidad de terrenos, pero hasta el momento no hay informe de la misma.

Esta situación confirma que la Dirección Regional Agraria de Ayacucho (DRAA) no cuenta con información real sobre la situación legal de los terrenos que ocupan las Agencias Agrarias.

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Agencias agrarias están muy descuidadas

Además, las Agencias Agrarias de las provincias de no estarían cumpliendo los alcances de la Directiva General Nro. 05-2021-GRA/GG-ORADM-OAPF-ALM, lo que estaría conllevando a no contar con un control estricto de los ingresos y salidas de bienes del almacén, así como su custodia y atención de requerimientos de manera eficiente y oportuna.

En tanto, se supo que los expedientes técnicos de los proyectos que ejecuta la Dirección de Proyectos Agrícolas e Infraestructura de la DRAA, en las provincias no se encuentran desagregados del presupuesto a nivel de cada provincia, el cual no permite realizar un seguimiento y monitoreo por parte de las instancias competentes.

El informe fue derivado al titular de la Dirección Regional Agraria, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional con el objeto de cumplir el marco legal y el resultado de los objetivos del mismo en su Entidad.

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