Los familiares de las víctimas del caso Suso, Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, quienes en el 2008 fueron asesinados durante una protesta en defensa del agua, exigen al Estado Peruano iniciar el proceso de reparación, así como reabrir el proceso judicial contra el presunto responsable de ambos asesinatos.

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Esperan que hasta noviembre el caso sea reabierto

Carlos Rodríguez Huambachano, miembro de la Unidad de Protección a Defensores de los Derechos Humanos, informó que en mayo de este año se emite un fallo del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce que el Estado peruano violó tres derechos fundamentales de las víctimas.

El primero es el derecho a la vida, a las garantías judiciales para un proceso justo por las muertes y a la protesta pacífica, ya que en aquel entonces, las víctimas participaron de una marcha pacífica en defensa de sus derechos.

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Ante ello, el comité dispuso una serie de medidas para que el Estado repare a las familias, así como iniciar las investigaciones y reabrir el caso contra el presunto responsable y los mandos policiales quienes dirigieron el operativo, ya que se presume que los medios probatorios habrían sido adulterados.

Es así que el próximo 1 de noviembre, vence el plazo para que el Estado apruebe las medidas de reparación a los familiares de Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano.

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