El tiro le salió por la culata. El vacado gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa, y seis exfuncionarios de su gestión, investigados por el delito de colusión agravada, pretendían salir en libertad valiéndose de una apelación contra la resolución del juez Derby Quezada Blanco, quien en agosto último había dispuesto solo dos meses de prolongación de prisión preventiva por la pesquisa que se les sigue en el caso de la construcción e implementación de un ambiente COVID-19 en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote.

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Sin embargo, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, enmendó la plana al magistrado y resolvió prolongar por doce meses más la medida coercitiva contra Morillo y sus otrora funcionarios de confianza.

De esta manera, el Colegiado estableció que la exautoridad regional permanezca recluida en el penal Víctor Pérez Liendo de Huaraz hasta agosto de 2022.

Ante el vecimiento del plazo de cárcel, el fiscal del caso, Robert Rojas Ascón, había solicitado que se prolongue por 18 meses la prisión preventiva de Morillo y sus presuntos cómplices.

La decisión de la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash está contenida en la resolución 15, emitida el último 19 de octubre.

Morillo Ulla y varios exfuncionarios regionales cumplían desde el 9 de diciembre del año pasado un primer mandato de nueve meses de prisión preventiva en el penal de Huaraz por la investigación que se les sigue por la construcción e implementación de un ambiente COVID-19 en el Hospital Regional “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote.

Los implicados

La resolución de la Sala indica que la ampliación de la prisión preventiva contra Juan Carlos Morillo Ulloa y sus coimputados Jhonny Muñante Quispe, Pedro Velezmoro Sáenz, Jordano Alva Pinedo, Juan Mendo Sánchez, Ángel Velásquez Abanto y William Rojas Vereau rige desde el 30 de agosto pasado y culminará el 30 de agosto de 2022.

Cabe señalar que pesa sobre el vacado gobernador preso otra orden de prisión preventiva de 10 meses que rige desde el 11 de mayo pasado en otra investigación por colusión por la construcción e implementación de un ambiente COVID-19 en el Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz.