La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Santa declaró infundado el pedido de apelación a la prisión preventiva de 18 meses impuesta contra veinte presuntos integrantes de la organización criminal “La Banda del Sur”, capturados en marzo último.

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Los abogados defensores plantearon el recurso contra la resolución del juez de investigación preparatoria de Casma que dispuso su encierro, mientras son investigados por los delitos de organización criminal, extorsión agravada, marcaje y sicariato.

Los imputados que apelaron son Francis Gerónimo Arteaga, Fernando Mechato Jaramillo, Luis Rodríguez Alayo, Derian Robles Obando, Oscar Corro Castillo, Wilder Salazar Rondan, Italo Aredo Salirrosas, Susana Paredes Salazar, Frank Sanchez Aponte, Fermín Alvarez Ayala y Lorenzo Ortiz Cabrera; así como Sujey Haro Saona, César Castañeda Benites, José Lozano Garcia, Marcos Rios Salinas, Esneider Burgos Gavilan, Clark Castro Torres, Jhon León Vasquez, Mayra Maza Picón y María Gavelán Jácome.

Delitos

A ellos se les atribuye el cobro de cupos a prósperos empresarios casmeños, uno de ellos identificado con el nombre clave de Tabón 1, a quien, a lo largo de varios años, mantuvieron extorsionado a cambio de brindarle protección.

Para evitar que él o sus familiares fueran asesinados, el hombre de negocios pagó en diversas ocasiones sumas de entre los dos mil y 10 mil soles.

La extorsión incluyó a muchas otras personas. Las víctimas depositaban el dinero a diversas cuentas bancarias, la mayor parte de las cuales eran manejadas por las mujeres que integran la organización criminal.

El trabajo de investigación fiscal incluyó el levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario de los procesados, el seguimiento permanente, así como la escucha telefónica de internos de diversas cárceles del país, que realizaban llamadas extorsivas a los agraviados.

Tras la audiencia de apelación, la Sala confirmó la prisión preventiva por 18 meses, debido a que no advirtió que se haya vulnerado la debida motivación de resoluciones, menos el principio de legalidad, pues la medida cautelar de carácter personal obedece a la necesidad de asegurar la eficacia del proceso penal y la eventual responsabilidad de los imputados.

En caso de ser hallados culpables de los delitos que se les imputan, los integrantes de la “Banda del Sur” recibirían penas no menores a 19 años de prisión.