Lo que debía ser una obra que llevaría desarrollo al distrito de Capillas, de la provincia de Castrovirreyna, terminó siendo una infraestructura inconclusa que llegó hasta la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, donde los jueces del Colegiado decidieron condenar a dos exfuncionarias de la Municipalidad Distrital de Capillas.

Las sentencias que recibieron oscilan entre los 9 y 12 años de pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva, y es por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado doloso por apropiación para otro (es cuando los funcionarios o servidores públicos se queda con los recursos del Estado para que sea beneficiada una tercera persona).

COLEGIADO DE LA CORTE REALIZARÁ LECTURA DE SENTENCIA

La fiscal Mariela Vilca planteó la acusación fundamentándola en los hechos del año 2013.

El 22 de noviembre del año en mención, las acusadas: Zadith Diana Romaní Herrera (jefa de Tesorería), Lizbeth Katerine Sánchez Olaechea (administradora municipal) y un tercer funcionario de la MDT, siendo integrantes del comité de proceso de selección para la ejecución del proyecto “Construcción de un canal de irrigación Pampa Tocino, en el distrito de Capillas - Castrovirreyna”, otorgaron la buena pro a la empresa Pilotes Terratesw EIRL, la cual era representada por Kenssy Julio Wincho Chilquillo (acusado).

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Según el argumento fiscal, la empresa recibió la buena pro pese a que no cumplía con los requisitos técnicos mínimos y presentar documentos no veraces en su propuesta.

Asimismo, Vilca plantea que las acusadas, a través de sus funciones en sus cargos, permitieron el pago de adelantos de materiales pese a que la empresa no presentaba los documentos necesarios.

Wincho llegó a recibir cuatro pagos por las valoraciones N° 01 y N° 02: 58 mil 589.76 soles, 57 mil 178.56 soles, 67 mil 833 soles y 81 mil soles.

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Al final la obra no se terminó, y cabe precisar que la Fiscalía también acusó en este caso a dos personas más, siendo una de ellas el alcalde de ese año, Rolando Campos Capcha, quien fue absuelto debido a que, para el Colegiado, las pruebas presentadas no eran suficientes para dar una sentencia condenatoria.

Por otro lado, la defensa técnica de las exfuncionarias y del empresario, alegaban en todo el proceso inocencia y rechazando la acusación.

Esto fue evaluado por los magistrados del Colegiado quienes decidieron condenar a Romaní a 9 años de pena, y a Sánchez y a Wincho 12 años de pena cada uno.

Asimismo, los tres deberán pagar la suma de 269 mil 425 soles por concepto de reparación civil.

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Los jueces ordenaron la ubicación, captura, detención e internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Huancavelica, de los tres sentenciados.

Cabe precisar que este resultado puede ser apelado por las partes procesales en plazo establecido de acuerdo a ley.

Para este caso el Colegiado estuvo conformado por los jueces Kati Jurado, Hernán Pozo y Amparo Fernández (directora de debates).