La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica declaró infundada la apelación que presentaron seis personas que fueron sentenciadas en primera instancia a cuatro años de pena privativa de la libertad, con carácter de efectiva, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de colisión simple.

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Entre los sentenciados está José Raúl Sinche Muñoz (según registro de INFOGOB, es actual alcalde distrital de Nuevo Occoro), Diógenes Pari Pérez (según el portal web del Colegio de Ingenieros del Perú, es actual decano departamental de Huancavelica) y los señores Forbes Alan Asto Muñoz, Vilma Campos Jesús, Édison Dávila Vargas y Manuel Jesús Quispe Anticona.

CASO ES DEL AÑO 2015

La Fiscalía, según la sentencia de vista N° 067-2021-PSPA-CSJHU/PJ, plantea la acusación en dos momentos: El primero, entre la primera quincena del mes de octubre y los primeros días del mes de noviembre del 2015; y el segundo, en diciembre del mismo año.

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En el primer caso; Asto, Campos y Dávila, en su condición de integrantes del Comité Especial; y Sinche, en su condición de coordinador regional de la Lucha Contra la Pobreza; del Gobierno Regional de Huancavelica (GRH); concertaron con Quispe, en su condición de postor; para favorecerlo en la calificación de la propuesta técnica y el otorgamiento de la Buena Pro, de dos Adjudicaciones de Menor Cuantía: N° 018-2015 y N° 21-2015. Esto a cambio de que entregue el 50% del monto total de cada proceso: Uno de 48 mil 500 soles y otro de 31 mil soles.

El segundo es cuando los miembros del Comité Especial concertaron con Pari, en su condición de postor, a fin de favorecerlo en la propuesta técnica y el otorgamiento de la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 09-2015 y N° 10-2015, proceso que fue declarado desierto a fin de convocar a este nuevo proceso de selección.

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Cabe precisar que, la Fiscalía también apeló la sentencia y pedía que la pena se aumente a 8 años de cárcel, pero fue declarado infundado.

Asimismo, son 60 mil soles es el monto que deberán pagar los sentenciados como reparación civil.