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Con motivo de su 29° aniversario a nivel nacional y 26° a nivel regional, la Defensoría del Pueblo organizó en Huancayo una feria con la participación de diversas instituciones, para acercar sus servicios a la población.
En esa línea, el jefe de la Oficina Defensorial de Junín, Mario de la Cruz Díaz, dio a conocer que registra un promedio de 300 atenciones mensuales, entre quejas, petitorios y consultas. La mayor parte corresponde a consultas, debido a que muchas personas desconocen los procedimientos, plazos y entidades a las que deben acudir.
“Llegan con dudas sobre trámites, plazos o dónde presentar su queja. Nosotros los orientamos y los acompañamos en todo el proceso”, explicó.
Atención
Asimismo, entre las quejas más recurrentes destacan retrasos en los servicios, mala atención en instituciones públicas y omisiones de funcionarios.
“La Defensoría interviene en todos los sectores públicos, desde municipalidades y universidades hasta el Ejército, Poder Judicial y Fiscalía, y también supervisa servicios públicos ofrecidos por empresas privadas cuando afectan a la población”, sostuvo.
Conflictos
Hasta julio de este año se registraron 199 conflictos sociales: 150 activos (de los cuales 89 están en proceso de diálogo) y 49 latentes. De ese total, 5 corresponden a la región Junín, en su mayoría de tipo socioambiental y relacionados con asuntos del gobierno regional.
Actualmente existen tres conflictos activos: Canchayllo cuestiona la administración turística de la Reserva Nor Yauyos Cochas; Morococha rechaza el reasentamiento en Carhuacoto; y Canipaco protesta por la carretera Chupuro-Chongos Alto. Además, permanecen dos conflictos latentes con Minera IRL y el proyecto Yanacocha.
El funcionario detalló que la Defensoría también preside y participa en mesas de diálogo.
“La mejor solución es el diálogo permanente. Si no es posible, se puede buscar un intermediario o autoridad que medie para resolver los conflictos. En Junín, muchas disputas surgen por afectación a áreas naturales y actividades mineras de mediana y menor escala, y nuestro rol es garantizar que se respeten los derechos de la comunidad”, manifestó.