La alarmante escalada de casos de acoso y violencia escolar en el Perú ha encendido las alarmas de la comunidad educativa, llevando a colectivos ciudadanos a impulsar una consulta nacional para evaluar el respaldo a sanciones más severas, incluida la expulsión de las aulas de aquellos estudiantes que incurran en agresiones graves de forma reincidente.

Javier González Soto, secretario de Derechos Humanos de Apafas Perú, señaló que existe un apoyo masivo a la posibilidad de retirar a los estudiantes agresores del entorno escolar regular y realizó un llamado al Congreso de la República para que declare en emergencia al sector Educación y garantice un mayor presupuesto.

Ciudadanos como Néstor Vicente respaldaron la iniciativa, pero señalaron que no se debe abandonar al estudiante agresor, sino garantizar que reciba atención integral por parte del Estado.

Actualmente, las instituciones educativas se encuentran limitadas por el marco legal vigente. Walter Oré, director de la UGEL Huancayo, explicó que las normas actuales no contemplan la expulsión definitiva de estudiantes del sistema educativo regular como sanción por violencia o bullying.

Según detalló, los protocolos vigentes restringen las acciones de los colegios a medidas como el cambio de aula, la rotación de turno y la derivación a servicios de salud mental del sector público.