El Juzgado Anticorrupción de Junín inició el juicio contra el gobernador Vladimir Cerrón y el alcalde de Huancayo Henry López por los presuntos delitos de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo en el caso del saneamiento de La Oroya. La Fiscalía acusa a la gestión de Cerrón de entregar valorizaciones indebidas hasta por 800 mil soles a la empresa cuando no le correspondía.

Tanto Cerrón como López se defendieron señalando que se trató de una conciliación que fue ejecutada por el procurador del gobierno regional y por lo tanto está de acuerdo a ley. Para el Ministerio Público, sin embargo, la responsabilidad recaería sobre el brazo derecho de ese entonces, Henry López Cantorín y los ex funcionarios Carlos Mayta Valdez y Juan Carlos Sulca Yauyo.

DECLARAN. “Es un tema que concilió el procurador público. Acordaron pagarle (a la empresa) 850 mil soles producto de una conciliación, las conciliaciones tienen carácter de sentencia y de ley. Por tanto lo que hemos hecho nosotros es facilitar que se haga el pago. Más bien hubiera sido cuestionado si es que no lo hubiera hecho”, señaló Cerrón.

“Tiene serias falencias el proceso. Manifiestan que nosotros hayamos autorizado el pago de mayores gastos generales pero esos gastos generales previamente han sido conciliados y una conciliación es un cumplimiento legal”, agregó a su turno López.

En proyecto del saneamiento de la ciudad de La Oroya inició en 2010 con la gestión de Vladimiro Huaroc con una inversión de 36 millones de soles que nunca llegaron a gastarse en la obra.

En pleno proceso el consorcio Altiplano, encargado de la ejecución, presentó observaciones al expediente y la obra se paralizó.

En 2014 la gestión de Perú Libre resolvió el contrato por supuesta falsedad documentaria. Sin embargo, quien terminó llevándose el dinero fue dicha empresa.

SEPARAN. En febrero de 2014 la gestión regional decidió anular el contrato con el consorcio que ejecutaba el proyecto.