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Unos 13 municipios de Junín no destinan fondos para fiscalizar

Falta de recursos debilita la labor de regidores en el 2026. Municipalidades incumplen asignación mínima exigida por ley y ponen en riesgo la labor de fiscalización
Cumplido el plazo, la Contraloría publicará en su portal web la lista de autoridades que no hayan presentado el documento. Foto: Andina.

Olivia Medina Santiago

Actualizado el 30/03/2026, 09:35 a.m.

Al menos 13 municipalidades distritales de la región Junín no han incorporado en su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 los recursos mínimos exigidos por la Ley N.° 31812 para financiar la función fiscalizadora de sus concejos municipales, advirtió la Contraloría. Entre las entidades observadas figuran Santo Domingo de Acobamba, Huamancaca Chico, Pancán, Saño, Acolla, Paca, Comas (Concepción), Orcotuna, Acobamba (Tarma), El Tambo, Palcamayo, Pangoa y Masma.

De acuerdo con el órgano de control, esta omisión pone en riesgo el adecuado ejercicio de fiscalización que deben realizar los regidores, debilitando la supervisión del uso de recursos públicos y la ejecución de obras.

En el caso de la Municipalidad Distrital de El Tambo, el Informe de Orientación de Oficio N.° 1271-2026-CG/PREV-SOO evidenció que solo se asignaron S/ 120 mil para esta función, cuando el monto mínimo requerido debía alcanzar los S/ 376,465.50, conforme al 1% del presupuesto precedente financiado con recursos determinados como el FONCOMUN e impuestos municipales.

La normativa vigente establece que los gobiernos locales deben destinar entre el 1% y 2% de su presupuesto para garantizar la labor fiscalizadora del concejo municipal. Sin embargo, la revisión realizada en el Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas evidenció que varias comunas no cumplen con este requisito.

Si se considera que la región Junín cuenta con más de 120 municipalidades distritales, el hecho de que al menos 13 no asignen estos recursos revela una brecha significativa en el cumplimiento de la ley. Para la Contraloría, esta situación no solo limita la capacidad de control, sino que también podría afectar la transparencia, la rendición de cuentas y la detección oportuna de posibles irregularidades en la gestión pública.

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