Siete ex funcionarios del Gobierno Regional de Huánuco (GRH) y cinco actuales servidores tienen responsabilidad penal y administrativa, por la irregular adquisición de una planta generadora de oxígeno para uso industrial y no medicinal en el 2020, lo cual generó un perjuicio económico por S/ 1.7 millones.

Según el informe de la Contraloría General de la República, en el 2020 el GRH contrató de manera directa la adquisición e instalación de una planta generadora de oxígeno para incrementar la producción y acceso al oxígeno medicinal, para el tratamiento del coronavirus y reforzar la respuesta en el marco de la emergencia sanitaria.

Los entonces funcionarios aprobaron el expediente técnico, para este proyecto estableciendo un mínimo de concentración de oxígeno no autorizado para uso medicinal, contraviniendo el Decreto de Urgencia 066-2020, que establecía que la concentración de oxígeno no debe ser menor del 93 %, así como, validaron la cotización del proveedor que no cumplía con las especificaciones técnicas y admitieron su propuesta a pesar de que no acreditó la autorización sanitaria del equipo.

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En noviembre del 2020, cuando se recibió e instaló la mencionada planta, los servidores públicos no realizaron las pruebas de funcionamiento y de producción del oxígeno medicinal. Tampoco el proveedor cumplió con entregar la autorización sanitaria, a pesar de ello le otorgaron la conformidad de recepción.

A un mes de funcionamiento, en diciembre del mismo año la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), verificó que la planta solo alcanzaba un nivel de pureza de oxígeno del 88.6 % ya que, según la normativa del estado de emergencia, solo se podía autorizar la distribución de oxígeno medicinal con una concentración no menor del 93 % de pureza, por lo que se suspendió el uso de la planta de oxígeno.

La compra irregular del equipo generó un perjuicio de S/ 1 751 120. La planta fue instalada en el Hospital de Contingencia Hermilio Valdizán.

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